Caso Madre Patria: Tribunal resolverá a finales de setiembre apelación de medidas cautelares

Caso Madre Patria dejó al menos 35 personas detenidas. Fotos: OIJ.

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José fijó como fechas del 2 al 20 de setiembre para discutir y resolver la apelación de medidas cautelares impuestas a los imputados del Caso Madre Patria.

Se trata del expediente 22-005018-0042-PE por el cual investigan a más de 30 personas por los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho, relacionados con la venta e inscripción de propiedades de alto valor.

El juez Jonathan Silva Varela notificó a las partes que acogieron la solicitud de varios de los abogados defensores de los imputados para revisar lo dictaminado por su colega de garantías.

Se trata de recursos interpuestos contras las resoluciones del pasado 6, 12 y 31 julio del 2024 para diferentes involucrados, entre los que figuran un juez de la república, oficiales de tránsito, funcionarios del Consejo de Transporte Público, empresarios autobuseros, entre otros.

La apertura del expediente durante la investigación permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público conectar 19 causas penales distintas que tienen relación con fraudes registrales bajo el mismo modo de operar y que habrían sido cometidas por una organización criminal que presuntamente era liderada por los españoles de apellidos Gómez González y León Muñoz.

Fue la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, la oficina encargada de revisar cada uno de los expedientes para determinar que todos tenían una conexión por los procesos de falsedad ideológica que prevalecía en las tramas que presuntamente armaron los sospechosos.

Este despacho llegó a la conclusión que la mayoría de víctimas eran personas extranjeras, adultas mayores que no se encontraban en el país al momento en que se ejecutaron los hechos delictivos, o bien conformaban parte de sociedades anónimas que estaban disueltas.

"Durante la investigación se logró determinar que el grupo criminal desarrolló dos métodos complejos para adueñarse de propiedades de alta plusvalía, donde involucran figuras del testaferrato, suplantadores, abogados notarios, inversores en bienes raíces, compradores de buena fe, presentadores de escrituras, entre otros, de los "Modus Operandi" que se describen", detalla el informe fiscal incluido en el expediente del caso al que este medio tuvo acceso.

Sobre la audiencia programada, el juez señaló que las partes deberán adecuar su agenda a este proceso para que no choque con otros casos en curso y así no atrasar esta vista, debido a que se trata de "un asunto complejo de delincuencia organizada, con multiplicidad de personas descontando prisión preventiva por estos hechos, por lo que reviste de prioridad y además se debe valorar la logística u operativo del traslado de los 21 detenidos que se encuentran en diferentes centros penales por parte de la Sección de Cárceles".

Varios de los abogados contactados por crhoy.com, una vez que se conoció de la fecha de la convocatoria, indicaron que esperan que sus clientes puedan contar con medidas diferentes a la prisión preventiva mientras avanza el proceso.

"Todos los defensores involucrados esperamos y confiamos que la jueza o juez que entre a conocer los argumentos sea una persona respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, del derecho internacional de los derechos humanos y que analice de manera profunda y detallada las argumentaciones en relación con los factores observados por los defensores relacionados con la debilidad para fundamentar las medidas. En el caso de mi representado vamos a continuar con la tesis de la desvinculación del mismo con el proceso, por la complejidad del proceso hay personas que son arrastradas por los hilos, sin existir factores reales o claros de alguna participación", dijo Esteban Córdoba, abogado de uno de los imputados de apellidos González Araya.

Los sospechosos fueron detenidos el 25 de junio en lo que la Fiscalía calificó como un megacaso de corrupción que involucró a funcionarios públicos