Canciller y 3 diputados figuran en investigación por financiamiento del partido de Chaves

(CRHoy.com) El canciller Arnoldo André Tinoco y tres diputados oficialistas figuran en la investigación que sigue la Fiscalía General de la República por el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La causa en la que se persigue la presunta recepción ilegal de contribuciones privadas en la campaña del ahora presidente Rodrigo Chaves Robles tenía, hasta hace dos meses, a este último como único imputado. El 31 de octubre, durante una comparecencia ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Stephen Brunner Neibig también se confirmó como encartado.

El número de encartados incrementó luego de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (DFPP-TSE) remitiera al Ministerio Público un informe con los principales hallazgos de una pesquisa administrativa seguida contra la agrupación en el poder, por las supuestas anomalías en el patrocinio de la organización política.

Así se desprende de una serie de respuestas de la oficina de prensa del órgano acusador ante consultas de CRHoy.com. La más reciente de estas fue recibida el 24 de octubre pasado, la cual ratifica -en complemento con un correo electrónico de un mes antes- que Brunner Neibig y André Tinoco son sospechosos junto al gobernante.

Pero en esa segunda comunicación también se señala a 3 diputados de la fracción de gobierno como endilgados. Se trata de Luz Mary Alpízar Loaiza, Waldo Agüero Sanabria y Paola Nájera Abarca. La primera es, además, presidenta del Comité Ejecutivo de Progreso Social Democrático, mientras que la última fungió como secretaria general de ese partido.

La causa en cuestión se tramita por los delitos previstos en los artículos del 274 al 276 del Código Electoral, detalló el departamento de prensa de la Fiscalía. Estos tipifican desde las aportaciones ilegales hasta su recepción.

El primero de los numerales sanciona con entre 2 y 4 años de cárcel:

• Donaciones en especie o efectivo realizadas "en nombre y por cuenta de" una persona jurídica o de un extranjero. (inciso A)
• Contribuciones de cualquier tipo hechas por extranjeros, excepto procesos de capacitación por parte de organizaciones internacionales. (inciso B)
• Adquisición de bonos o realización de operaciones financieras de organizaciones políticas por parte de extranjeros o representantes legales de personas jurídicas extranjeras. (inciso C)
• Donaciones a tendencias o candidatos efectuadas evadiendo los controles de las finanzas partidarias. (inciso D)
• Aportaciones en dinero o en especie por medio de terceros, grupos u organizaciones paralelas, mediante el uso de mecanismos no autorizados previamente por el comité ejecutivo superior de un partido. (inciso E)

Misma pena prevé la normativa para el ordinal 275, en los siguientes escenarios:

• Tener conocimiento de donaciones ilegales y no denunciarlas. (inciso A)
• Recibir aportes valiéndose de una estructura paralela para evadir el control de la organización política. (inciso B)
• Aceptar contribuciones ilegales. (inciso C)
• Candidatos o precandidatos que reciban donaciones directamente. (inciso D)

El artículo restante corresponde a los delitos relativos a la tesorería de los partidos y comprende sanciones que van desde los dos a los seis años de prisión por los siguientes motivos:

• Recibir donaciones ilegales. (inciso A)
• Omitir el envío de informes a la Autoridad Electoral. (inciso B)
• Negar información a auditorías sobre el financiamiento privado o suministrar datos falsos. (inciso C)
• No reportar aportes ilegales. (inciso D)
• Aceptar contribuciones de organizaciones internacionales no acreditas. (inciso E)
• Recibir contribuciones anónimas.

Para esta publicación, este medio procuró un comentario de los encausados mediante consultas a los departamentos de comunicaciones de la Casa Presidencial, el Ministerio de Relaciones y Culto (MREC), así como de la fracción oficialista.

Brunner Neibig explicó que se apersonó a revisar el expediente luego de enterarse de la denuncia, pero evitó opinar sobre este, mientras que André Tinoco, Agüero Sanabria y Nájera Abarca señalaron que no han sido notificados, por lo que no se referirían al respecto. De Alpízar Loaiza no fue posible conocer su posición, pero en la misma deposición del vicepresidente, esta rechazó que su partido -del cual es fundadora- firmara un fideicomiso para sufragar gastos de la campaña.

Estructuras paralelas

Si bien la investigación -a la que se le asignó el expediente 22-000116-1218-PE- avanza en su fase inicial, que es privada para terceros, según el numeral 295 del Código Procesal Penal, este medio logró confirmar desde el 29 de marzo que esta incluye las revelaciones de medios de comunicación en torno a las aparentes irregularidades en el financiamiento de la campaña con la que Rodrigo Chaves Robles alcanzó el poder.

La causa en cuestión corresponde a una derivación -un testimonio de piezas, técnicamente- de la sumaria 22-000210-0276-PE que, como lo dio a conocer CRHoy.com, fue iniciada a partir de una denuncia interpuesta por uno de los fundadores de Progreso Social Democrático, José Eduardo Vargas Rivera, el 8 de febrero. El motivo de la apertura de una segunda causa responde a que en esta última se persigue a miembros de los Supremos Poderes, los cuales, por mandato legal, deben ser procesados por el fiscal general.

El caso original se mantiene en trámite en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) contra personas sin fuero, de las cuales sus nombres serán confirmados hasta que sean debidamente puestos en conocimiento de los hechos por los que se les investiga -indagados, en términos jurídicos- por política de ese despacho, señaló el 12 de setiembre la oficina de prensa de la Fiscalía.

La queja de Vargas Rivera solicitaba se determinara la procedencia y el monto de las donaciones hechas a Rodrigo Chaves Robles cuando era aspirante, ya que estos eran mantenidos en secreto por él, así como por su equipo.

Pero además se persigue la presunta operación del fideicomiso "Costa Rica Próspera" a modo de estructura paralela, para cancelar gastos de la organización política por un total de ¢95 millones, la cual fue revelada por Noticias Columbia. Entre los pagos que supuestamente se realizaron mediante ese mecanismo están alquileres, servicios, mobiliarios, equipos, viáticos y transportes para la promoción del exministro de Hacienda.

De igual forma, se investiga un segundo fondo que en apariencia permitió el flujo de más de $195.000 desde las cuentas de la asistente administrativa Sofía Agüero Salazar -además hija del diputado Waldo Agüero Sanabria- con esos recursos se cubrieron gastos de comunicación y material proselitista, como reveló el diario La Nación.