Amador plantea que policías, cruzrojistas y bomberos fiscalicen vida útil de autobuses
Consejo solo tiene 4 funcionarios para verificar cumplimiento de antigüedad en vehículos
(CRHoy.com). El Consejo de Transporte Público (CTP) solo cuenta con 4 funcionarios destinados a fiscalizar la vida útil de aproximadamente 3 mil autobuses que operan en el país.
La legislación actual estipula que los vehículos que cuenten con 15 años de antigüedad no pueden circular. Precisamente, existe una discusión sobre la posibilidad de extender el plazo de vida útil de las unidades 2 años más (hasta llegar a los 17 años).
Las cámaras empresariales del sector autobusero apuntan a que, más bien, se requiere extender la antigüedad por 5 años más (a los 20 años) para recuperar las finanzas debilitadas por la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19 y sustituir los autobuses.
"Como CTP sí le dijimos a los autobuseros en diciembre: no pueden circular más con esos buses expirados. Tienen que subsanar eso (…) Solo hay 4 inspectores. Entonces, por eso es que hay que entrar a habilitar inspectores en otros ramos: Fuerza Pública, Bomberos, Policía de Tránsito, policías municipales, etcétera", explicó Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes y miembro de la junta directiva del CTP.
Solo el 31 de diciembre de 2022, unas 290 unidades de autobús quedaron fuera de operación al cumplir la vida útil. Por ley, las empresas tienen un período de gracia de 3 meses para sustituir esos vehículos.
Actualmente, el Poder Ejecutivo analiza las posibilidades financieras a las que pueden acceder las compañías más debilitadas financieramente para lograr el cambio de autobuses. Incluso, se estudia una propuesta para que el Estado adquiera buses, mediante fondos verdes o recursos de cooperación internacional, que serían arrendados a las compañías con inconvenientes operativos.
"Son 4 inspectores para inspeccionar, creo que más de 3.000 o 4.000 buses. Es una misión imposible. Ocupamos (sic) que la Fuerza Pública, la secretaría de planificación (del Ministerio de Obras Públicas y Transportes), que otras instituciones, que los bomberos, que la Cruz Roja. O sea, que diferentes instituciones estén habilitadas y que el informe que rindan sea válido legalmente", expresó el funcionario.
Amador explicó que desconoce si para habilitar a funcionarios de otras entidades para fiscalizar esta situación se requiere alguna reforma legal, pero detalló que están analizando las posibilidades.
El Poder Ejecutivo plantea que se establezca un permiso temporal para que las unidades operadas por las compañías autobuseras trabajen hasta que tengan una antigüedad máxima de 17 años y no hasta los 20 años, como propone un proyecto de ley dictaminado en una comisión legislativa.
La norma actual indica que las unidades pueden circular hasta los 15 años de antigüedad y deben ir cada 6 meses a la revisión vehicular.
En tanto, la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), que agrupa a las compañías más fuertes del sector, sostiene que la antigüedad permitida para operar debe pasar de los 15 a los 20 años.
Según la postura empresarial, las secuelas de la pandemia del coronavirus COVID-19 y la reducción en la demanda de los servicios impiden que muchas compañías cuenten con la capacidad financiera para cambiar las unidades.
Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans, aseguró en diciembre que, si este proyecto no estaba aprobado antes que acabara diciembre de 2022, tal y como sucedió, cerca de 95 comunidades se quedarían sin el servicio público.
Bolaños detalló que al 31 de diciembre más de 290 unidades cumplirán su vida útil de 15 años, como indica hoy la ley. Según acotó, el objetivo es que se permita una extensión de tres años, para aquellas unidades que cumplan con la revisión técnica vehicular, para que las empresas puedan acceder a créditos bancarios y renovar la flotilla.
Amador dijo en diciembre pasado que era necesario ampliar la antigüedad de las flotillas para evitar que las tarifas impacten a los usuarios con la inversión que tendrían que efectuar las compañías con tal de renovar los vehículos. No obstante, este 23 de enero, aseguró que no apoyaba ampliar la antigüedad de las unidades y que requerirían una extensión de por lo menos 1 año para alcanzar una solución a la problemática.