Alcaldes se quedan sin abogado para boicotear ley que impide reelección indefinida
Carlos Manuel Arguedas Ramírez (Archivo CRH)
(CRHoy.com) Los alcaldes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) perdieron una batalla en su afán para traerse abajo la ley que impide la reelección indefinida de autoridades municipales, esto mediante la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
El abogado que iba a asesorar a los alcaldes en la presentación de dicha acción; el exdiputado y exmagistrado de la Sala IV, Carlos Manuel Arguedas Ramírez, desistió de continuar con la contratación por ₡6 millones que le había adjudicado hace 2 semanas.
La contratación fue revelada el pasado domingo por CRHoy.com.
Este jueves, en conversación telefónica con este medio, el exdiputado y exmagistrado Arguedas dijo que no continuará con la asesoría para la UNGL.
Arguedas mencionó que su decisión la tomó tras determinar que la UNGL no tiene la legitimidad para impugnar mediante una acción de inconstitucionalidad la ley y porque no pueden sufragar sus honorarios que provienen de recursos públicos.
Añadió que si los alcaldes o cualquier otra autoridad municipal electa de manera popular quieren impugnar la ley deberán hacerlo a título personal y no cobijados mediante la UNGL.
"Les he explicado -a la UNGL- que no tienen la capacidad, por su naturaleza jurídica, objetivos y funciones, esa capacidad legal que se requiere para legitimarse y accionar contra la ley. No pueden hacerlo. Además, por el origen de sus recursos no pueden proveer medios económicos para el pago de honorarios. No hay ninguna actividad que yo pueda desplegar y en consecuencia no hay razón para que me paguen honorarios por esto", dijo Arguedas.
CRHoy.com intentó obtener una reacción de la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras Arguedas, sin embargo, no fue posible localizarla.
La ley que impide la reelección indefinida de alcaldes se aprobó el pasado 29 de marzo por parte de 48 de los anteriores diputados. Fue firmada el 5 de abril anterior por el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
La ley derogó la reelección indefinida de las autoridades municipales de elección popular y les permite una única reelección consecutiva.
A su vez, establece 8 años de espera para postularse de nuevo, una vez cumplido el periodo, si logran reelegirse. Los congresistas dejaron claro que la espera corre desde que finaliza el segundo periodo.
Esta iniciativa fue presentada en febrero de 2019 por la exdiputada socialcristiana, María Inés Solís Quirós. Sin embargo, no fue hasta mediados de noviembre del año pasado que tomó fuerza. Esto ocurrió cuando estalló el escándalo del presunto caso de corrupción en obras municipales, conocido como Diamante.
En este caso figuran como imputados 6 alcaldes – 4 del Partido Liberación Nacional– que acumulan décadas en el poder en distintas municipalidades. El más reconocido, el jefe municipal de San José, Johnny Araya Monge, quien en noviembre junto con otros alcaldes en la misma condición, en apariencia idearon un plan para traerse abajo este proyecto.
El proceso de contratación de Arguedas Ramírez, que quedó sin validez, se fraguó mediante el procedimiento 022CD-000011-0032100001 del Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP). La UNGL acordó realizar este gasto el pasado 7 de abril en la Sesión Ordinaria 10-2022 de su Consejo Directivo.
En esa misma sesión se acordó, además, nombrar a una comisión para dar seguimiento y analizar las acciones a seguir tomando en cuenta las recomendaciones que iba a dar Arguedas.