Alcalde de San Carlos se sacude: “todo contó con el aval de la CGR, PGR y asesoría legal”
(CRHoy.com) El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, rechazó los cargos acusados por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República y aseguró que actuó con el aval del órgano contralor en todo momento.
Así lo expresó el alcalde en el juicio que se lleva a cabo en el Segundo Circuito Judicial.
Hoy en el debate, la Fiscalía acusó presuntos delitos por nombramiento ilegal, prevaricato, falsedad ideológica, estafa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y reconocimiento ilegal de pluses salariales.
"Rechazo todos los cargos. Todo lo consulté a la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la asesoría legal", dijo el alcalde ante el Tribunal Penal.
Estas fueron las únicas palabras que emitió Córdoba durante el debate que arrancó este lunes.
Las acusaciones se dan luego de que se dio el nombramiento del director administrativo de la Municipalidad de San Carlos, de apellido Rojas, en el año 2002.
Rojas fue nombrado en el puesto, pese a que no cumplía con los requisitos del cargo. En primera instancia se le nombró de forma interina y posteriormente en propiedad.
Según señaló la fiscal Johanna Rodríguez, el alcalde de San Carlos ordenó el nombramiento de Rojas, aunque no tenía bachillerato universitario ni estaba incorporado a un Colegio Profesional.
Estos 2 elementos eran requisitos del puesto.
Asimismo, el Ministerio Público señala que el alcalde Córdoba supuestamente aprobó el pago de los pluses de prohibición y dedicación exclusiva, aunque tenía conocimiento que no correspondían.
Aumentos salariales
El Ministerio Público también le achaca al director administrativo la confección de 2 manuales de puestos que beneficiaron directamente su salario.
Por ejemplo, se indicó que en 2004, Rojas ordenó un nuevo manual de puestos en el que modificó su plaza y justificaba los cambios porque habían sido recomendados por el Servicio Civil.
No obstante, la Fiscalía sostiene que ese órgano nunca había recomendado la transformación de su plaza. Este cambio habría beneficiado al funcionario a obtener a un mejor salario.
Para el año 2008, Rojas presentó un nuevo modelo de puestos, que también fue acusado por la fiscalía.
Incluso, se detalló un perjuicio económico a la Administración en 287 millones de colones, de los cuales 61 millones de colones corresponden al pago de dedicación exclusiva.
La Procuraduría General de la República (PGR) señaló contra los imputados un daño social por 20 millones de colones contra los imputados.
Persecución
Ante el Tribunal Penal, el abogado defensor del alcalde, Francisco Dall'Anese, detalló que su representado actuó conforme la autorización de la Contraloría.
Además, señaló que le llamó mucho la atención que 15 días antes de unas elecciones municipales se realizara un allanamiento en la alcaldía por documentos que ya habían sido entregados.