Medidas anunciadas por Gobierno para reducir hueco fiscal son insuficientes

Medidas para reducir hueco fiscal.

Laura Fernández, presidenta de la República, y Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda.

Las medidas anunciadas preliminarmente por el Gobierno para disminuir la brecha fiscal que enfrenta Costa Rica son insuficientes.

Hasta el momento, la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, han mencionado en conferencias de prensa acciones como el recorte del gasto público y la mejora en la recaudación de ingresos del Gobierno mediante el fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal.

Adicionalmente, Chaves valora eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente para los artículos de la canasta básica.

"Lo hemos dicho muchísimas veces: recoger bien los impuestos que existen, luchar contra la evasión, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir el gasto de todos los poderes de la República. Vienen recortes para todos; aquí no hay poderes con corona. Si el Ejecutivo tiene que poner, también tiene que contribuir el Legislativo", declaró Chaves el pasado 24 de junio.

Por su parte, Fernández mencionó una estrategia para frenar el contrabando y el comercio ilícito en Costa Rica.

"Evadir impuestos tiene una única palabra: robar. Si usted es un evasor de impuestos, es un ladrón. Adicionalmente, la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada y les vamos a pedir a todos los poderes del Estado que se soquen la faja. No vamos a permitir despilfarros de recursos. No vamos a tolerar alcahueterías con el presupuesto, empezando por las de la casa», manifestó.

Poco espacio para recortar

Los economistas y exviceministros de Hacienda Fernando Rodríguez y José Francisco Pacheco dudan de que la disminución del gasto público genere un impacto significativo en la reducción del déficit financiero, el cual ascendió a ₡417.396 millones al cierre del primer trimestre de este año.

Este resultado se explicó por la diferencia entre los ingresos totales de ₡1.959.163 millones, equivalentes al 3,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), y el gasto total de ₡2.376.558 millones, cifra que representó el 4,4 % del PIB.

El déficit financiero alcanzó el 0,8 % del PIB, lo que reflejó un deterioro de 0,1 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el mismo periodo del año anterior (0,7 % del PIB). Esta variación se explica principalmente por una caída acumulada del 3,5 % en los ingresos totales del Gobierno con respecto al primer trimestre de 2025, en un contexto en el que los gastos totales se mantuvieron prácticamente estables, con una reducción del 0,4 %.

Rodríguez sostuvo que prácticamente ya no existe espacio para reducir más el gasto público y señaló que, aunque se ordenen ajustes en los presupuestos de algunas instituciones, también hay necesidades acumuladas en materia de seguridad pública e infraestructura vial que comenzarán a ejercer presión sobre las finanzas públicas.

"Yo descartaría esa opción. Creo que no hay mucho espacio por ese lado; diría que ninguno", dijo.

Pacheco expresó un criterio similar y explicó que, en los últimos siete años, el gasto público se ha reducido aproximadamente en dos puntos porcentuales del PIB debido a la aplicación de la regla fiscal, una norma creada para limitar el crecimiento del gasto.

"Eso hace que, cada vez, sea más complicado hacer recortes mayores sin tocar aspectos sensibles del funcionamiento institucional", comentó.

Combate a la evasión: proceso largo

Elevar los ingresos del Gobierno mediante un mayor combate a la evasión del pago de impuestos es un proceso para el que se requieren más recursos públicos y, posiblemente, reformas legales, cuyos resultados no se verían de inmediato.

Este escenario podría implicar modificaciones legales para, por ejemplo, acceder a información de los contribuyentes, cambiar los mecanismos de declaración de impuestos y obligar a las personas a declarar otras circunstancias.

Por ejemplo, se puede obligar a los contribuyentes con actividades lucrativas a registrar los números telefónicos vinculados a los pagos que reciben por medio de Sinpe Móvil, pero la utilidad de esa información sería limitada si el Ministerio de Hacienda no tiene acceso a los movimientos de las cuentas asociadas a esos números.

«Mejorar la recaudación no es un acto que se pueda hacer solo con decirlo. Podría requerir acudir a la Asamblea Legislativa para hacer ajustes, necesitaría más funcionarios y más recursos técnicos. Para combatir el contrabando se tendría que contar con más oficiales de la Policía de Control Fiscal. Combatir la evasión es algo que todos los gobiernos hacen. Además, tampoco me va a dar un montón de plata; ahí no hay una mina de oro que pueda descubrir», argumentó.

Pacheco afirmó que esta vía representa un proceso muy largo y que un efecto significativo solo podría verse en unos cinco o seis años.

«Primero hay que identificar quiénes efectivamente están evadiendo, comprobarlo, esperar cualquier tipo de demanda contra el Gobierno por parte de la empresa para paralizar cualquier acción legal y, mientras todo eso pasa, yo calculo que una empresa podría tardar hasta diez años en pagar finalmente los impuestos que se reconozca que efectivamente debe», detalló.

Ministerio de Hacienda. (CRH).

Impuestos

Queda el escenario de elevar los ingresos del Gobierno mediante la creación de nuevos impuestos o la modificación de los vigentes.

Según Pacheco, el Gobierno debería priorizar la recuperación de los ingresos tributarios, que muestran una caída desde 2023, cuando pasaron de representar el 13,74 % del PIB en 2022 al 12,78 % en 2025.

En su criterio, una medida como eliminar la exoneración del IVA a la canasta básica podría contribuir, aunque, si el Ministerio de Hacienda aplica el modelo del IVA personalizado, eso implicaría devolver recursos a los hogares de menores ingresos.

«Entonces, todo el volumen que se iba a recaudar inicialmente se ve parcialmente contrarrestado con esta política».

Este es un modelo orientado a dirigir subsidios de manera focalizada hacia los sectores de menores ingresos, en lugar de mantener exoneraciones generales que también benefician a segmentos con mayor capacidad económica.

Rodríguez señaló que, en algún momento, será necesario avanzar por la vía de la recuperación de ingresos, tras la caída provocada parcialmente por decisiones legislativas de exonerar o reducir tributos, como ocurrió con el impuesto a la propiedad de vehículos.

«Hay que hacer ajustes en materia de impuestos para generar más ingresos a futuro. El camino es una combinación de medidas para mejorar la recaudación y de ajustes tributarios que empiezan a verse inevitables en los próximos meses y años», advirtió.

Reformas estructurales

El economista Daniel Ortiz, de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), opinó que las acciones mencionadas por el Gobierno son necesarias, pero no suficientes para cerrar parte de la brecha fiscal.

«Costa Rica enfrenta desafíos que van a presionar las finanzas públicas en los próximos años: el envejecimiento acelerado de la población, las crecientes necesidades de financiamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, una fuerza laboral que crece menos y un servicio de la deuda que ya absorbe cerca del 30 % de los ingresos tributarios. Por eso, tarde o temprano, será necesario discutir un programa más amplio», indicó.

Explicó que no se trata solamente de aumentar impuestos; también debe incluirse una reforma del Estado, mejoras en la eficiencia del gasto, la revisión de instituciones con funciones duplicadas y, sin duda, medidas que permitan un mayor crecimiento económico o que amplíen la base tributaria.

Comentarios
0 comentarios