Juez ordena al BCR mantener capitalización por $72 millones a la SAFI
Bodegas del Parque del Pacífico de Caldera de Puntarenas. CRH
El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Banco de Costa Rica (BCR) mantener la capitalización por $72 millones a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), tras rechazar los alegatos de la entidad contra la instrucción emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en octubre del 2025.
La superintendencia determinó hace año y medio una afectación significativa derivada de la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), en Caldera de Puntarenas, y concluyó que la transacción se realizó con irregularidades y a un valor muy superior al real del activo, lo que generó una minusvalía que impactó directamente a los inversionistas del fondo.
El fallo, comunicado tras una audiencia reciente, respalda la obligación del BCR de restituir el valor del fondo. Además, representa un avance para los inversionistas que durante años han denunciado una gestión negligente y posibles actos de corrupción en la adquisición del inmueble.
Responsabilidad del banco y prioridad de inversionistas
El BCR apeló la orden de la Sugeval al alegar que la capitalización provocaría un impacto financiero y afectaría el interés público. Sin embargo, el tribunal rechazó esta posición.
El juez determinó que la responsabilidad por lo ocurrido recae directamente en el BCR y su sociedad administradora. Además, estableció que el interés público de proteger a los inversionistas prevalece sobre los efectos financieros que pueda enfrentar la entidad.
La resolución también subraya la necesidad de resguardar la confianza en el sistema financiero nacional, por encima de eventuales limitaciones presupuestarias.
El juez resolutor argumentó tres aspectos clave para rechazar la solicitud del BCR:
- Responsabilidad directa: Lo ocurrido con la compra del PEP es responsabilidad exclusiva del BCR y su subsidiaria.
- Prevalencia del Inversionista: El interés público sobre el uso de los fondos del banco cede ante el interés público que poseen los inversionistas, quienes confiaron sus ahorros y capitales utilizando la plataforma y el respaldo de la marca BCR para invertir.
- Seguridad Jurídica: El fallo subraya que la protección de la confianza en el sistema financiero nacional es superior a los inconvenientes presupuestarios que el banco deba enfrentar para resarcir el daño causado.
Asamblea de inversionistas y medidas
Tras conocerse el fallo, los inversionistas del fondo participaron en la asamblea del fondo inmobiliario la mañana de este jueves para definir acciones y analizar el futuro del instrumento.
Durante el encuentro, reiteraron cuestionamientos por aparentes actos de corrupción en la compra del PEP y acordaron exigir mayor transparencia en la gestión.
Además, la administración de BCR SAFI ordenó no destinar más recursos al proyecto, ante el deterioro de la infraestructura y el impacto negativo en la liquidez del fondo. El objetivo, según indicaron, es priorizar la recuperación del capital y ejecutar la capitalización ordenada al BCR.
Antecedentes del caso PEP
El conflicto se originó en 2020, cuando BCR SAFI adquirió el Parque Empresarial del Pacífico por $70,8 millones.
Posteriormente, análisis técnicos y peritajes independientes señalaron que el valor real del inmueble oscilaba entre $25 millones y $28 millones, lo que evidenciaría un sobreprecio superior a los $40 millones.
La propiedad fue vendida por una sociedad vinculada al exdiputado Humberto Vargas Corrales, quien habría adquirido el terreno meses antes por cerca de $16 millones.
El caso también incluye cuestionamientos por avalúos irregulares, supuestos "predios fantasma" y la presentación del proyecto como terminado, pese a carecer de condiciones básicas y mostrar deterioro estructural.
Estas irregularidades provocaron una fuerte minusvalía en el fondo, con rendimientos negativos y afectaciones directas a miles de inversionistas, entre ellos asociaciones solidaristas y cooperativas.
Traslado del PEP al BCR
Como parte de las medidas adoptadas tras el escándalo, también se ordenó pasar el PEP de la administración de BCR SAFI al propio banco, en un intento por contener el impacto financiero y ordenar la gestión del activo.
Según informó previamente CR Hoy, este movimiento buscó separar el manejo del proyecto cuestionado del fondo inmobiliario. No obstante, el traslado no eliminó la obligación del BCR de responder por las pérdidas generadas.
El caso continúa bajo investigación penal, mientras las autoridades financieras y judiciales avanzan en la determinación de responsabilidades. Incluso en diciembre del 2025, el Ministerio Público ejecutó 16 allanamientos para decomisar prueba y se confirmó la imputación de 14 personas en la causa.
Es lo justo, como justo será que el BCR demande penalmente a todos los involucrados y no se quede ninguno sin pagar por los hechos vergonzosos de sus abusos.