Impuesto a rentas pasivas generadas en el exterior tendría un efecto modesto
Ministerio de Hacienda. (CRH).
Gravar con un 15 % las rentas pasivas de fuente extranjera de residentes fiscales en Costa Rica tendría un efecto modesto: generaría unos ₡64.800 millones anuales.
Así lo estima un análisis realizado por el economista José Luis Arce, director de la firma FCS | Análisis & Estrategia, con base en la posición de inversión internacional del Banco Central de Costa Rica (BCCR), es decir, información estadística que muestra el valor total y la composición de los activos financieros que el país tiene en el exterior frente a los pasivos financieros (deudas y obligaciones) con el resto del mundo en una fecha específica.
El monto estimado de recaudación por ese impuesto —que se propone en un proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa— representa el 0,13 % del producto interno bruto (PIB) de 2025, el cual se calculó en ₡51,8 billones.
La propuesta de gravar las rentas pasivas del exterior carece de una estimación oficial y «está diseñada de forma que podría recaudar menos de lo esperado entre quienes más tienen».
El proyecto alcanza a toda persona o estructura residente en Costa Rica que sea titular de bienes, capitales o derechos en el exterior que generen rentas pasivas, «con independencia de si realizan o no alguna actividad». Incluye expresamente fideicomisos y fondos de inversión.
La renta imponible planteada —el monto de dinero o ingreso neto sobre el cual se calculan los impuestos que debe pagar una persona o empresa— es el ingreso bruto menos el impuesto análogo pagado en la jurisdicción de origen, y la tarifa es la general del 15 % del impuesto sobre la renta. Los ingresos vinculados a una actividad lucrativa formarían parte del impuesto a las utilidades y se calcularían netos (libres) de impuestos extranjeros.
La iniciativa «Ley sobre el gravamen de rentas pasivas de fuente extranjera y eliminación de créditos fiscales por la emisión de valores de oferta pública temáticos» alcanzaría intereses, dividendos, regalías, alquileres y ganancias de capital obtenidos fuera del país.
El tributo aplicaría a personas físicas, personas jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión y otras estructuras residentes en Costa Rica. Los fondos de pensiones no se mencionan.
Estimaciones
La estimación de la recaudación que generaría el 15 % del impuesto a las rentas pasivas de fuente extranjera de residentes en Costa Rica parte de la posición de inversión internacional del BCCR.
A diciembre de 2025, los activos externos del sector privado —excluidas las reservas del Banco Central— sumaban unos $37.000 millones, con un fuerte crecimiento de la cartera en participaciones de «otros sectores», que pasó de $4.833 millones en 2022 a $14.873 millones en 2025. Buena parte de ese crecimiento corresponde a los fondos de pensiones, que se excluyen de la base del impuesto por estar exentos.
Según el análisis de Arce, que tomó en cuenta distintos componentes y escenarios, los bancos y los dividendos de inversión directa en el exterior aportarían cerca del 70 % de la recaudación estimada en un escenario medio (₡64.800 millones anuales).
La cartera de los hogares, que se incluye como argumento en la exposición de motivos del proyecto de ley, pesa poco: unos $14 millones en el escenario medio.
La estimación de recaudación anual del gravamen a rentas pasivas de fuente extranjera considera un tipo de cambio de ₡455 por dólar y un PIB de 2025 de ₡51,8 billones.
«El efecto directo sobre la inversión que ingresa es acotado, pues solo se grava a residentes. Lo más probable es una moderación de las salidas de cartera de hogares y empresas, un incentivo a no repatriar dividendos de filiales de empresas locales y un deterioro del atractivo del país como sede de grupos regionales. Los fondos de pensiones —principal canal de salida de ahorro interno al exterior— quedan fuera», detalla el economista.
Efecto modesto
Arce concluye que el proyecto, junto con la propuesta para eliminar exoneraciones fiscales vigentes, también impulsada por el Gobierno, tendría un efecto limitado.
«El paquete tiene un peso recaudatorio desigual y, en todo caso, modesto frente al problema que lo motiva: en el escenario central (medio), ambos proyectos recuperarían cerca del 0,20 % del PIB, menos de una quinta parte de la caída de 1,1 puntos que el Marco Fiscal de septiembre proyecta para la carga tributaria entre 2025 y 2031», señala.
El proyecto de ley fue presentado en un contexto de erosión de ingresos del Gobierno. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con el proyecto de presupuesto nacional de 2027, la carga tributaria del Gobierno Central cayó a 12,8 % del PIB en 2025, bajaría a 12,6 % en 2026 —con ingresos tributarios de ₡6,69 billones, apenas 0,8 % más que los ₡6,62 billones de 2025— y seguiría descendiendo hasta 11,7% en 2031, porque la recaudación crecería 3,2 % al año, por debajo del PIB nominal.