Acuerdo con arroceros incluyó plan para tomar plata del INS y SDB y crear fondo para productores
Gobierno empeñó su palabra con iniciativas que no toman en cuenta precios al consumidor, según analistas
(CRHoy.com) A pesar de que tan solo hace unos días el gobierno hablaba de un proyecto para llevar mayor apertura al mercado arrocero y liberar los precios, de manera sorpresiva y en una atípica reunión llevada a cabo el domingo, el Poder Ejecutivo más bien decidió ratificar los privilegios que ya posee el sector.
El acuerdo no solo estableció el compromiso de mantener el arancel del 35% y de seguir con el modelo actual, sino que fue más allá: el gobierno comprometió su palabra con convocar a la corriente legislativa e impulsar al menos cuatro proyectos de ley que benefician a la Corporación Arrocera Nacional.
Las iniciativas buscan abrirle las puertas del financiamiento y del Sistema Banca para el Desarrollo a los Productores in existir a cambio ningún compromiso de que eso se traduzca en precios más bajos para el consumidor. Uno de ellos, el expediente 21.404, incluso crea nueva burocracia mediante el establecimiento de un nuevo fondo, que le quitará recursos a entidades como el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Banca para el Desarrollo y el Ministerio de Ambiente, para poder crearlo.
La iniciativa, según su exposición de motivos, busca contrarrestar la pérdida de competitividad del sector y la reducción en el área sembrada a la que se ha visto "obligada", entre otras cosas, por fenómenos naturales y el cambio climático.
En su primer artículo la iniciativa deja en claro de qué se trata. Pese a que el país atraviesa una crisis financiera y existe fuerte presión por reducir gastos e incluso disminuir el aparato estatal, la propuesta más bien planea crear una nueva entidad:
ARTICULO 1. Se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros, denominado Fonaproarroz, como un ente público no estatal, con desconcentración máxima, personalidad jurídica y patrimonio propios, y capacidad de derecho público y privado para el cumplimiento de sus fines, para desarrollar planes, proyectos y programas; además, para adquirir los derechos y contraer las obligaciones que demande el giro normal de su actividad, así como con independencia en su funcionamiento operativo y administrativo.
La propuesta establece que el Fonaproarroz sea administrado por un órgano superior que fungirá como Junta Directiva integrada por un presidente, cinco representantes del sector productor, un agroindustrial y un fiscal, un representante del MEIC y otro del MAG; todos devengando dietas.
Fonaproarroz pretende otorgar "beneficios económicos" exclusivamente para los productores asociados, a través de préstamos a un interés de la tasa básica pasiva más dos puntos.
Además se le autoriza a adquirir líneas de créditos nacionales o internacionales, generar seguros y crear fideicomisos.
Pero para financiarse, se establece obtener recursos no solo de la Corporación, sino de otras entidades del Estado, incluyendo transferencias directas que pueda realizar el MAG o mediante cualquier otra partida proveniente del presupuesto ordinario o cualquier extraordinario.
Consultado sobre la conveniencia de impulsar este tipo de proyectos, en momentos en que más bien se habla de reducir el Estado, Renato Alvarado, ministro de Agricultura, señaló que se trató de una propuesta que les hizo el sector, que no provino del gobierno.
"Cuando hay una solicitud de sectores, lo que hacemos es presentarlo y la Asamblea entrará en discusión", afirmó Alvarado.
El proyecto forma parte de un paquete de cuatro iniciativas que buscan facilitar el acceso a recursos financieros para los productores arroceros.
Una de ellas, incluso pretende convertir a la Corporación Arrocera en canalizador de recurss de Banca para el Desarrollo.
Sin embargo, Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, afirmó que finalmente ninguna de las iniciativas conlleva a un beneficio para el consumidor, ya que no existen compromisos con reducir las tarifas o liberar los precios.
Ese tipo de barreras se mantiene, adujo.
Daniel Suchar, analista financiero coincidió con la opinión de Ulate y cuestionó que el mensaje que está dando el gobierno más bien va en la dirección contraria a lo que el país necesita.
"Acá lo que hicieron fue echar para atrás en todo", cuestionó.
La desregulación de precios y la apertura del sector arrocero fue una de las recomendaciones que planteó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Costa Rica, al señalar que el país tiene uno de los precios más elevados del producto entre los países que forman parte de la agrupación.
