Congreso aprueba nuevas reglas para atender denuncias por violencia política
44 diputados de todas las fracciones aprobaron una reforma al reglamento legislativo para atender casos de violencia política contra las diputadas y así dar un trámite expedito a las denuncias que ingresen.
La iniciativa, presentada por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y las jefaturas de fracción, establece nuevas reglas para tramitar e investigar las denuncias. El texto recibió el aval de todas las fuerzas políticas en el Congreso.
Entre las conductas que se considerarían violencia política figuran los comentarios o gestos sexuales, obstaculizar el ejercicio del cargo, restringir la participación en comisiones, desacreditar a una diputada por razones de género y divulgar información privada para perjudicar su imagen. También incluye insultos, amenazas, burlas y discriminación por embarazo, lactancia o maternidad.
José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), calificó la reforma como positiva. Señaló que modifica un reglamento vigente, pero permitirá establecer reglas más claras para tramitar las denuncias.
Villalta cuestionó que el Plenario decida ahora si se conforma una comisión investigadora, pues considera que esto podría adelantar criterio sobre una eventual investigación, sin haber investigado el caso o escuchado a las partes.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que el Congreso debe dar el ejemplo en la erradicación de la violencia política y evitar este tipo de conductas.
Por su parte, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, destacó la importancia de contar con reglas claras para atender estas denuncias.
Cómo se tramitarían las denuncias
- Plazo para denunciar: un año desde el último hecho de violencia o desde que cese la causa justificada que impidió denunciar.
- Comisión investigadora: tendría representación de todas las fracciones, paridad de género y alternancia, sin participación de los legisladores involucrados.
- Plazo para investigar: tres meses para rendir el informe.
- Derecho de defensa: el diputado denunciado tendría 10 días hábiles para responder y ofrecer pruebas.
- Medidas cautelares: la comisión podría dictarlas para proteger a la denunciante y evitar interferencias en sus derechos políticos.
- Sin conciliación: se prohíben las investigaciones preliminares y la conciliación entre las partes.
- Sanción: el Plenario decidiría y, si determina responsabilidad, impondría una amonestación ética pública, sin perjuicio de otras acciones judiciales.
- Confidencialidad: los expedientes serían privados durante el procedimiento. Una vez firme la sanción, se publicarían la resolución y el nombre del responsable, que permanecerían diez años en un registro. La identidad de la víctima seguiría protegida.
La reforma modifica el reglamento aprobado en 2023. Aunque el texto contaba con el aval de todas las jefaturas de fracción, diputados de Pueblo Soberano (PPSO) presentaron numerosas observaciones.
Ahora, el documento recién aprobado para a su publicación para su entrada en vigencia.
Tres denuncias siguen sin trámite
La reforma avanza mientras tres denuncias por violencia política siguen sin trámite: contra José Miguel Villalobos y Ariel Mora Fallas, ambos del PPSO, y contra Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
En el caso de Villalobos, el Directorio Legislativo conoció la denuncia el 19 de agosto. Yara Jiménez se inhibió y la vicepresidenta, Esmeralda Britton, asumió el caso. Dos meses después, la comisión investigadora aún no se había conformado, pese a los plazos establecidos en el reglamento vigente.
La denuncia contra Mora fue presentada por la fracción del PLN, luego de que el diputado le silbara a la legisladora Norjelens Lobo mientras pronunciaba un discurso en Puntarenas.
Por su parte, Marta Esquivel denunció a Dobles después de que esta le solicitara devolver los sobresueldos que recibió cuando presidió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).