Presidenta de la Corte sobre ausencia en Cacco: “Magistrados tampoco vamos a inaugurar carreteras”
La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, explicó por qué considera que no era apropiado que los magistrados asistieran a la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).
No obstante, señaló que analizará futuras invitaciones del Gobierno para participar en el Consejo de Seguridad y en las reuniones de cuerpos policiales que organiza la mandataria Laura Fernández, denominadas "Fuerza Élite".
"Es un centro que amplía espacios en un sistema carcelario que está hacinado y que permite desahogar buena parte de esos espacios. Así como los magistrados no van a inauguración de carreteras o de centros de salud, el tema de lo carcelario tampoco era un espacio propicio para que un magistrado asistiera. Todo lo que tiene que ver con la etapa de la ejecución de las sanciones, lo penitenciario, es resorte del Poder Ejecutivo.
No puede uno tampoco pensar que puedan darse cuestionamientos de cualquier tipo que a la postre le lleguen al Poder Judicial y a las personas que están siendo invitadas; con lo cual no parece conveniente que se asista a una actividad de este tipo, sin restarle mérito a quienes sí lo hacen desde sus competencias", detalló.
Para Vargas, las invitaciones de este tipo deben valorarse con sumo cuidado y tomando en cuenta las funciones de cada institución. Aclaró que a los jueces y magistrados les corresponde juzgar y velar por la ejecución de las penas, mientras que la administración penitenciaria y la construcción de cárceles son competencias del Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia y Paz.
Esa fue la razón de la ausencia de los miembros de la Corte en la actividad, decisión que les valió críticas. La nueva jerarca señaló que su posición no pretende desairar al Gobierno ni desconocer la realidad penitenciaria, que los jueces de ejecución de la pena visitan y fiscalizan constantemente.
Por el contrario, busca evitar que la presencia de la Presidencia de la Corte se preste para interpretaciones políticas o comprometa la independencia y la imparcialidad que deben prevalecer cuando los tribunales resuelvan eventuales recursos de hábeas corpus, amparos o incidentes de ejecución relacionados con las condiciones de ese mismo centro penal.
Abierta a trabajar en conjunto
Vargas afirmó que el Poder Judicial sí puede involucrarse y participar en espacios y proyectos relacionados con sus funciones jurisdiccionales y de administración de justicia, así como en mesas de coordinación donde se debatan temas de política criminal o legislación que requieran la participación de distintas instituciones.
Sin embargo, condicionó esa colaboración a que se desarrolle bajo principios de buena fe, respeto personal e independencia judicial, sin permitir ataques degradantes ni afirmaciones que busquen dividir.
También dejó entrever que evitará participar en eventos, actos protocolarios o actividades operativas de carácter político-gubernamental que invadan las competencias de otros poderes, en línea con su explicación sobre la inauguración del Cacco y de obras del Ejecutivo.
La jerarca recordó que cada institución tiene funciones delimitadas y que los jueces deben resolver los casos de manera imparcial. Por ello, asistir a determinadas actividades del Gobierno podría comprometer la independencia judicial o la imagen de neutralidad que la ciudadanía exige al Poder Judicial ante los asuntos que posteriormente deben resolver los tribunales.
Además, indicó que estudiará si resulta oportuno concretar una reunión con la presidenta Laura Fernández. Aseguró que tiene plena disposición para conversar con representantes de los Supremos Poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, siempre dentro del respeto a las competencias de cada institución.
Parte de esa apertura también se reflejará en conversaciones con las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa para impulsar reformas que permitan agilizar los procesos penales. Vargas resultó electa este lunes, tras cinco rondas de votación, con el respaldo de 12 magistrados.