Presidenta de la Corte defenderá presupuesto y prepara “Plan B” ante recortes
La recién electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, dejó claro que el Poder Judicial no se quedará de brazos cruzados ante la crisis financiera que se avecina y aseguró que defenderá el presupuesto institucional y la urgencia de destrabar miles de plazas vacantes.
Vargas enfatizó que luchar por los recursos financieros no responde a caprichos, sino a una necesidad operativa para mantener operando los servicios esenciales. La magistrada cuestionó duramente las normas de ejecución presupuestaria impuestas en la última ley de presupuesto, las cuales calificó como inéditas y lesivas para la democracia.
Según detalló, existen alrededor de ₡30 mil millones condicionados a factores externos que escapan del control judicial, lo que amenaza con dejar a la institución sin fondos de cara al 2027. Además, denunció el congelamiento de 2.463 plazas vacantes que actualmente sostienen la atención a los usuarios.
Ante este panorama, Vargas confirmó que la Corte mantendrá las acciones legales de inconstitucionalidad interpuestas —como la consulta presentada de forma interina por la magistrada Damaris Vargas—, pero advirtió que el Poder Judicial trabaja paralelamente en el diseño de un "Plan B".
Este esquema buscará identificar qué áreas operativas y despachos se verían más golpeados si los recortes se materializan, priorizando la continuidad de los servicios básicos para evitar que los ciudadanos más vulnerables sufran las consecuencias en zonas alejadas.
En el plano político, la presidenta de la Corte zanjó los roces con el Poder Ejecutivo reiterando que la independencia judicial no es negociable. Aunque se mostró abierta a sostener reuniones con los líderes de los otros poderes de la República —como la mandataria Laura Fernández—, condicionó cualquier acercamiento a reglas claras de buena fe y respeto estricto a la división de poderes.
Vargas rechazó los discursos polarizantes y los ataques personales que buscan dividir al país. Afirmó que si bien el Poder Judicial es autocrítico y recibe con apertura las observaciones que permiten corregir el rumbo, las discusiones deben darse con altura y respeto, enfocándose en soluciones concretas para el país y no en disputas mediáticas.
Uno de los puntos más críticos de su discurso tras la victoria giró en torno al silencio histórico del sistema judicial. Siguiendo una analogía futbolística, Vargas señaló que los jueces históricamente han actuado bajo la premisa de que "el árbitro solo pita con el reglamento y la sentencia se explica sola".
Ante el aumento de la polarización y la desinformación en redes sociales, la jerarca reconoció que la institución ha fallado en su deber de rendir cuentas de forma accesible.
Por ello, anunció que impulsará un giro hacia un lenguaje claro y sencillo, reforzando los canales de comunicación para que la población entienda con agilidad qué hace el sistema de justicia, cuáles son sus limitaciones reales y por qué se toman determinadas decisiones, blindando así la legitimidad institucional frente a los cuestionamientos sin fundamento.