¿Y qué hacer con Crucitas? Así choca el gobierno con sectores que buscan revivir minería
Jerarca de Minae cree que geólogos pueden dedicarse a otras actividades ligadas a la profesión
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(CRHoy.com). El plan para revivir la minería a cielo abierto desató un pulso político entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), diputados y el Colegio de Geólogos de Costa Rica. Dicha propuesta, presentada a inicios de febrero por la diputada socialcristiana María Inés Solís, surgió al amparo de la actividad clandestina que saquea territorios en Crucitas de Cutris, en San Carlos de Alajuela.
La legisladora puso sobre la corriente legislativa el expediente Nº 21.782 denominado "Proyecto de ley aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa Rica", el cual procura derogar la prohibición existente sobre las actividades de minería a cielo abierto.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica es copartícipe de la propuesta y mantiene la postura de que significaría la principal solución ante las actividades clandestinas que florecen en esa zona fronteriza del norte del país. No todo son sonrisas y abrazos. La intención es ampliamente refutada por el ministro del Minae, Carlos Manuel Rodríguez, quien cree que los geólogos deberían enfocarse en otras actividades más allá de pensar en cómo revivir la minería.
"El sector de geología y minería debería dedicarse a toda la parte de agregados, investigación y desarrollo. Hay todo un potencial tremendo para que el país pueda generar información para el desarrollo, reconociendo los recursos geológicos", detalló el jerarca, quien puso como ejemplo la investigación requerida en temas de hidrología.
Rodríguez manifestó un respeto hacia la propuesta de la diputada Solís, pero aseguró que no la comparten en ninguno de sus extremos.
El proyecto de ley prohíbe las actividades mineras en parques nacionales, reservas biológicas, zonas y áreas silvestres protegidas. En reservas forestales sí se podrían desarrollar, siempre y cuando exista un aval del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Asimismo, el uso de mercurio queda vetado totalmente.
También, se daría prioridad al desarrollo de proyectos en comunidades indígenas a través de las asociaciones comunales existentes y se estipula que el 80% del capital social para la realización de las iniciativas debe estar en el cantón donde está la explotación.
La propuesta establece que los permisos de exploración se darían hasta por 5 años prorrogables en 2, mientras los de explotación por hasta 25 años prorrogables hasta en 10 años por una única ocasión.
"Como cualquier otro proyecto de minería, es algo que respetamos pero que no compartimos. Al igual que el tema del petróleo, las industrias extractivistas no hacen el futuro de una economía moderna, digitalizada, descarbonizada y sostenible. Es volver a echar hacia el pasado. No podemos echar para atrás pensando que desarrollando actividades mineras de alto impacto o la exploración y explotación de hidrocarburos, vamos a superar los problemas del presente y del futuro", justificó el titular de la cartera.
¿Cambio en modelo?
Desde 2010 existe una ley que prohibió la explotación y la exploración de las actividades mineras a cielo abierto. Una legislación que fue aprobada al calor del pulso político-legal en torno a las fallidas operaciones de la compañía minera canadiense Infinito Gold Mining, la cual precisamente procuró desarrollar un proyecto en Crucitas de Cutris, San Carlos. Sobre eso mismo, el ministro Rodríguez cree que "el país ya tomó decisiones y es necesario superarlas".
"Es muy fácil de entender esa posición y es totalmente respetada. Tenemos un problema de soberanía sobre el territorio nacional ¿Imagínese que en lugar de oro fuera madera lo que están sacando? Tenemos una gran debilidad como país para proteger la soberanía dentro de nuestro territorio"
"Esto de que debimos haber dado el permiso a la empresa Infinito no habría sido como lo pintan. A los hechos me remito, vaya a ver cualquier actividad minera de alto impacto en cualquier país de Latinoamérica ¿Díganme si hay beneficios sociales o económicos para los países? Son totalmente marginales y ese modelo debe cambiar", sostuvo el funcionario.
Eso sí, más allá de las intervenciones policiales y las visitas a la zona el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de desarrollar un plan para atender a mediano y largo plazo la situación en Crucitas.
Pese a las operaciones realizadas periódicamente por la Fuerza Pública, continúan grupos de mineros y coligalleros –en su mayoría provenientes de Nicaragua- acechando las distintas fincas ubicadas en Crucitas.
"Hoy se produce una minería a cielo abierto irracional, ilegal, contaminante y donde no hay ningún control desde el punto de vista ambiental. Donde la parte de salud ha sido afectada y desde el punto de vista económico no le queda nada al país", detalló Néstor Chamorro, vicepresidente del Colegio de Geólogos en declaraciones facilitadas el pasado 4 de febrero.