Opinión: Sostenibilidad fiscal y endeudamiento público en Costa Rica

La sostenibilidad fiscal, se puede entender como aquella situación que le permite a un país hacer frente al pago del principal e intereses de las deudas contraídas, sin que sean necesarias futuras correcciones excesivamente grandes en materia fiscal, por ejemplo, aumento de impuesto o reducciones en el gasto público, que afecten negativamente a su población.

No obstante, en el caso costarricense, el recurrente déficit fiscal en los últimos ocho años y las mayores necesidades de financiamiento para poder cubrirlo, ponen una nueva interrogante en torno a este tema, particularmente, por los señalamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente visita.

Dado lo anterior, es conveniente reflexionar sobre la situación actual de la deuda pública en Costa Rica y continuar ejecutando medidas concretas.

Primero, el crecimiento acelerado en el nivel de endeudamiento. La razón deuda pública del Gobierno Central a Producto Interno Bruto (PIB) creció rápidamente a partir del 2008 desde 24,7% a una razón estimada para el 2016 de 44%, con dos realidades distintas en términos de resultado financiero, superávit de 0,2% en 2008 y un déficit estimado para el 2016 por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la revisión del Programa Macroeconómico de mitad de año de 5,9%, aunque todo apunta que podría ser inferior, gracias a los buenos resultados obtenidos por el Ministerio de Hacienda.

A pesar de los esfuerzos realizados en la Administración Solís Rivera, resaltados por el FMI en su comunicado al concluir la Misión, por contener el crecimiento del desbalance fiscal, los niveles de déficit fiscal registrados en los últimos años en torno al 6% son insostenibles para nuestra economía, fundamentalmente, porque requeriríamos de tasas de crecimiento económico mayor a nuestro nivel potencial para reducir la razón deuda a PIB.

Por tanto, existe la imperiosa necesidad continuar implementando acciones que modifiquen la dinámica de crecimiento que ha exhibido la deuda pública.

Segundo, una adecuada gestión de la deuda pública ha aminorado el problema fiscal, pero no lo resuelve. El Ministerio de Hacienda ha realizado esfuerzos importantes en mejorar la administración tributaria y desacelerar el crecimiento de los gastos, aunque como señala el FMI son insuficientes para encausar la posición fiscal por una senda sostenible. En particular, en gestión de la deuda pública, ha procurado conseguir un adecuado equilibrio entre el costo de la deuda y los riesgos de mercado asociados, que por ejemplo, tienen que ver con las tasas de interés, tipo de cambio, inflación y refinanciamiento de la deuda.

Puntualmente, se han llevado acciones para lograr alargar el plazo de vencimiento de la deuda pública bonificada del Gobierno Central, mediante colocaciones internacionales en condiciones financieras favorables, instrumentos novedosos como los canjes y subastas inversas, inversiones en Tesoro directo, fortalecimiento en la coordinación con el Banco Central, entre otras. También se ha mejorado el perfil de la deuda, pues la estrategia de endeudamiento ha favorecido la colocación a tasas de interés fijas y en colones.

Sin embargo, el alto déficit fiscal y la postergación de decisiones para solucionarlo podrían generar presiones en el mercado financiero local que comprometan en un futuro cercano el financiamiento del Gobierno. Esto preocupa, pues como señala el FMI el ambiente global se está volviendo menos favorable y más incierto para la economía costarricense.

De esta manera, la gestión de la deuda pública se ha convertido en un punto alto, en un contexto de tasas de interés relativamente bajas, pero no es suficiente dado el saldo actual de la deuda, su tendencia positiva y la relevancia en el monto pagado anualmente por concepto de intereses.

Tercero, mayores recursos destinados al servicio de la deuda pública que podrían destinarse al gasto de capital. En el 2016 se estima que el servicio de la deuda alcance aproximadamente ¢2,5 billones lo que representa en términos del PIB un 8,3% (en el 2008 fue de 7,6%).

Ahora bien, aunque históricamente el gasto de capital del Gobierno Central ha sido inferior al 2% del PIB (1,9% en el 2015), el bajo monto destinado a la inversión no cerrará la brecha existente en infraestructura que requiere el país y es un resultado de la gran rigidez en el gasto total, pues las transferencias corrientes y remuneraciones e intereses de la deuda se llevan una porción significativa de recursos del Presupuesto Nacional.

Así las cosas, se utilizan cada vez más recursos para realizar el pago del servicio de la deuda que los destinados a realizar inversiones prioritarias para la Nación. Por tanto, en paralelo, el mayor endeudamiento debe llevarnos a repensar otras modalidades para proveer servicios de infraestructura pública, como lo son las Alianzas Público Privadas. En buena hora, el señor Presidente en una decisión acertada firmó el Decreto N° 39965-H-MP denominado "Reglamento para los contratos de colaboración público-privada".

Cuarto, las acciones requeridas no se pueden postergar. Reiteradamente, los organismos financieros internacionales, como el FMI una vez más en su visita, así como las Calificadoras de Riesgo, han venido advirtiendo de la necesidad, cada vez más impostergable, de alcanzar un pacto sobre una reforma fiscal que implique ajustes por el lado de los ingresos como de egresos.

La Asamblea Legislativa debe continuar dando muestras de voluntad y compromiso, lo cual se muestra con la reciente aprobación del Proyecto de Contra el Frauda Fiscal, las pensiones con cargo a presupuesto y la de Caja Única, e iniciar inmediatamente la discusión de otras iniciativas claves del Ejecutivo, entre ellas, el Proyecto del Impuesto de Valor Agregado y de Renta, así como otras iniciativas como la de Empleo Público y Regla Fiscal, pues si no es de esa manera, enfrentando el problema, continuaríamos acumulando mayores niveles de deuda, cargas financieras altas y estrujamiento en los presupuestos futuros de la República para atender sectores prioritarios para el país.

Es el momento que el Congreso continúe transitando en esa senda de las decisiones responsables en torno a la reforma fiscal, que impliquen el menor costo social y empresarial posible, cuyas iniciativas están apoyadas en los elementos técnicos proveídos por el Ministerio de Hacienda y otros actores del sector privado.

De esa manera, los rendimientos generados por tales acciones podrán contribuir a la sostenibilidad fiscal del país, reducir el nivel de endeudamiento público, coadyuvar al dinamismo económico y al bienestar de todo el pueblo costarricense.

Juan Carlos Quirós S.
Ex Director General de Crédito Público