Votación dividida: Magistrados acuerdan que proyecto de Ley de Ejecución de la Pena afecta al Poder Judicial

En una extensa discusión durante la sesión de Corte Plena de este lunes 5 de mayo, los magistrados emitieron una votación dividida: 11 votos a favor y 10 en contra del informe presentado por la magistrada Patricia Solano Castro, en el cual se concluye que el expediente legislativo N.° 24.019 sí afecta la estructura y organización del Poder Judicial.

La propuesta, titulada "Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas", plantea que Costa Rica requiere con urgencia un marco normativo que establezca la ejecución de la pena como una política de Estado, y no como una política sujeta a los intereses de los gobiernos de turno. Esto, según se argumenta, podría poner en riesgo los principios constitucionales vigentes.

La magistrada Solano Castro señaló que la afectación es positiva, aunque reconoció que incide directamente en el funcionamiento de uno de los poderes de la República. Explicó que este proyecto ya fue consultado en 2 ocasiones anteriores ante la Corte Plena, y en ambas se acordó que sí generaba afectación.

La jueza de la Sala de Casación Penal detalló que el expediente legislativo es producto del trabajo conjunto de representantes de los tres poderes del Estado, y que se ha elaborado un texto de consenso, en cumplimiento del artículo 51 del Código Penal y conforme a lo declarado por la Sala Constitucional.

Artículo 51. —La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma que una ley especial determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de 25 años.

Solano Castro indicó que el proyecto contiene 157 artículos y mantiene la misma estructura del texto anterior. Está dividido en 5 capítulos, que abordan: disposiciones generales; regulación de derechos y deberes de las personas privadas de libertad; sistema penitenciario; control jurisdiccional del tribunal de la pena; y disposiciones penales.

Además, se establece que la ley entraría a regir un año después de su publicación.

La Defensa Pública expresó preocupación por varios aspectos, como la incidencia operativa, el impacto presupuestario, los riesgos en el control interno y la independencia judicial. También advirtió que implicaría una reorganización significativa en las funciones de los jueces, así como en las labores del Ministerio Público y del personal penitenciario. Esto debido a que se fijan nuevos plazos para resoluciones judiciales, se incrementan las cargas de trabajo y se exige la adaptación de diversos procedimientos internos.

Por su parte, el Ministerio Público aseguró que la propuesta no generaría una mayor incidencia operativa, ya que las funciones contempladas en el proyecto ya se ejercen actualmente. Además, indicaron que no afectaría sus competencias institucionales, pues cuentan con la estructura necesaria para respaldar la ejecución de esta ley.

La Dirección Jurídica, en cambio, coincidió en que sí existe una incidencia funcional, dado que el proyecto regula aspectos relacionados con la ejecución de penas y medidas de seguridad curativas. También incorpora nuevos procedimientos, como el incidente de quejas, la libertad condicional, cambios en modalidades de cumplimiento, y el seguimiento de penas alternativas, los cuales actualmente no están regulados.

Tras la votación en Corte Plena, el proyecto requerirá el respaldo de al menos 38 diputados en la Asamblea Legislativa para ser aprobado.