(VIDEO) Ministro reitera negativa para que informes técnicos de Lanamme sean vinculantes
Jerarca: sobre Laboratorio "como ente técnico, a veces obvia ciertos aspectos prácticos"
(CRHoy.com). La posición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es firme: los informes técnicos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica) no deberían ser vinculantes para la cartera o para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
A través de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, ley 8114, promulgada en 2001, se le confirió al laboratorio la competencia en materia de fiscalización de la infraestructura y las obras ejecutadas en la red vial nacional. No obstante, las recomendaciones o señalamientos que se efectúen en los análisis técnicos no son de acatamiento obligatorio para la Administración.
Meses atrás, tras las repercusiones derivadas en los casos "Cochinilla" y "Diamante", sobre presunta corrupción en el desarrollo de obras viales, se puso en discusión la posibilidad de convertir en vinculante los informes de Lanamme. Sin embargo, tal y como lo hizo el pasado 8 de agosto ante la comisión legislativa de Infraestructura, el ministro Luis Amador Jiménez, titular del MOPT, reiteró su negativa a que los señalamientos adquieran carácter vinculante y explicó las razones.
"Los informes de Lanamme no deberían ser vinculantes porque, como ente técnico, a veces obvia ciertos aspectos prácticos donde hay que tener algún nivel de flexibilización de lo que se está haciendo. Si aplicamos la norma, tal cual, entraríamos en problemas de expropiaciones por tratar de dar un espaldón de 2.5 metros, cuando lo que podríamos dar es un metro y medio. A veces, es preferible eso que en un largo proceso de expropiación que me va a atascar por años", enfatizó el jerarca, ante la comisión de Asuntos Hacendarios del Poder Legislativo, el pasado 20 de setiembre.
Para el funcionario, el no apegarse obligatoriamente a los criterios teóricos que plantea el laboratorio permitiría agilizar obras en los corredores viales más utilizados, como la vía San José-San Ramón o la ruta 32 (San José-Limón).
"Lanamme juega un rol muy importante, pero que sea completamente vinculante, al menos en mi concepto, tendrían ellos que flexibilizar reglas que no van a flexibilizar y que, a veces, necesitamos encontrar cómo flexibilizar las cosas para que sucedan", citó el jerarca.
Amador indicó que procuraron habilitar un mecanismo para que el laboratorio efectúe una "nota rápida" sobre la situación de las obras fiscalizadas y, de esta forma, la Administración pueda tomar acciones junto con los contratistas.
"De oficio (el laboratorio) tiene que verificar las que son concesionadas, pero solo a solicitud mía (ministro) va y hace fiscalización en las que no son concesionadas. Ellos hacen una valoración cada 2 años de la integralidad de la red vial, la cual sirve de base para poder saber la condición en ese momento y de ahí planificar", describió el jerarca.
El 21 de julio pasado, el mismo ministro se valió de informes técnicos aportados por Lanamme para cuestionar deficiencias constructivas señaladas en el primer lote de "obras impostergables" (obis) en el proyecto de modernización de la ruta a San Ramón.
Actualmente, el MOPT y el Banco de Costa Rica (BCR) discuten ajustes en el fideicomiso Ruta Uno suscrito para mejorar esa vía.
El Laboratorio de Materiales del MOPT suma casi 6 años sin contar con el aval ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
El ECA, creado en 2002, es el único con competencia para emitir las acreditaciones a nivel nacional en las áreas de laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y organismos validadores/verificadores de gases de efecto invernadero.
Al no contar con la acreditación ante el ECA, no está facultado para verificar la calidad de los materiales (mezclas asfálticas, por ejemplo) que se colocan en los proyectos viales que gestionan el Conavi o el MOPT.
De esta forma, la tarea de fiscalización recae exclusivamente en las empresas privadas que son contratadas por el Estado para supervisar las intervenciones hechas por las constructoras encargadas de los trabajos.