“Un disparate populista”: abogados cuestionan propuesta para grabar conversaciones de reos

Distintos abogados penalistas consideran inviable la propuesta del Gobierno para grabar en audio y video las conversaciones de privados de libertad ubicados en módulos de máxima seguridad. El litigante Gerardo Huertas calificó la iniciativa como "un absoluto disparate populista".

La propuesta fue anunciada por la presidenta de la República, Laura Fernández, este lunes 25 de mayo durante la conferencia de prensa de la "Fuerza Élite". Según indicó, el Gobierno impulsará una ley para limitar la comunicación de esos criminales, donde incluso mencionó el papel de los abogados defensores. "Yo no vengo a señalar a nadie", afirmó, aunque sostuvo que "algo está pasando".

Huertas explicó a CR Hoy que la propuesta evidencia, a su criterio, un profundo desconocimiento sobre las garantías fundamentales y sus alcances. Además, cuestionó a los asesores legales de la mandataria por el manejo del tema en materia penal.

Secreto profesional "no es un privilegio"

El abogado señaló que el secreto profesional no constituye un privilegio para los defensores, sino una garantía ciudadana que permite a cualquier persona sometida a un proceso penal mantener conversaciones privadas con su representación legal y construir una estrategia de defensa plena, bajo el principio de igualdad de armas.

Huertas recalcó que el secreto profesional forma parte integral del derecho de defensa y constituye una garantía inviolable dentro de cualquier sistema democrático. Por ello, aseguró que una ley que permita grabar las comunicaciones entre abogado y cliente chocaría con normas nacionales e internacionales, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Semejante proyecto de ley no solo iría en contra de normas de rango constitucional, sino también de la Convención Americana, que es de rango supraconstitucional, de acatamiento obligatorio y suscrita por Costa Rica. Inclusive, podría producir condenas contra el Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", manifestó.

El penalista insistió en que se trata de una iniciativa "absolutamente inviable", aunque considera que responde al "mismo populismo" al que, según dijo, ya acostumbró la actual administración.

"Claramente inviable"

El abogado penalista Rodolfo Brenes coincidió en que la propuesta carece de viabilidad jurídica, debido a que la Constitución Política protege la privacidad de las comunicaciones de todas las personas, además del derecho a la defensa.

Brenes afirmó que le sorprende que, en medio de la necesidad de acciones contundentes contra el crimen organizado, "se esté perdiendo el tiempo" en propuestas que, según indicó, "todos sabemos de antemano" que no prosperarían legalmente.

Asimismo, sostuvo que el combate al crimen organizado debe centrarse en políticas articuladas dirigidas a afectar las finanzas de las estructuras criminales.

"Yo le pregunto al Gobierno de doña Laura qué están haciendo para detener el lavado de dinero que existe en Costa Rica y qué medidas propone ella para quitarle el capital al narco y al crimen organizado. Eso es fundamental; es más importante eso", afirmó.

"Un debate sumamente delicado"

Por su parte, el jurista Rafael Rodríguez señaló que la propuesta abre "un debate sumamente delicado", ya que involucra aspectos relacionados con el derecho de defensa, la confidencialidad profesional y las garantías del debido proceso.

Aunque la iniciativa fue presentada como parte de un paquete de reformas contra el crimen organizado, Rodríguez considera que el propio Gobierno tendría claro que la propuesta es inviable. Incluso afirmó que asesores oficiales ya han reconocido públicamente dificultades legales para implementarla.

El abogado advirtió que, si un privado de libertad sabe que sus conversaciones serán grabadas por el Estado, la defensa dejaría de ser libre y confidencial. Según explicó, esto podría provocar que los imputados oculten información, limiten instrucciones o eviten conversar con sus abogados.

"Si el Estado registra audio o video de entrevistas abogado-cliente, surge una pregunta inevitable: ¿Quién custodia la información? ¿Quién accede a ella? ¿Con qué autorización judicial? ¿Qué ocurre si el contenido llega a manos investigativas? Allí aparece el riesgo de contaminación probatoria y afectación de igualdad de armas", indicó.

Colegio de Abogados expresa preocupación

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica también manifestó preocupación por las declaraciones de la presidenta Fernández y advirtió que debilitar la confidencialidad entre defensor y defendido podría afectar directamente la independencia del ejercicio profesional.

"El secreto profesional no constituye un privilegio personal de los abogados, sino una garantía fundamental que protege el derecho de defensa y a toda persona sometida a un proceso judicial", indicó la Dra. Angie Arce Acuña, con base en criterios de la Comisión de Derecho Penal.

Aunque el Colegio respaldó la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana, insistió en que cualquier medida impulsada por el Estado debe respetar los límites constitucionales y los derechos fundamentales.