TSE subraya potestad de diputados para prohibir a jerarcas de UNGL participar en campañas políticas
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dejó claro que los diputados tienen la potestad de decidir si los altos jerarcas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) deben incluirse dentro del listado de cargos con prohibición absoluta de hacer campaña electoral con algún partido político.
Este lunes, los diputados de la Comisión Especial de Reforma al Sistema Político y Electoral del Estado discutieron el proyecto de ley que busca reformar el artículo 146 del Código Electoral para que los directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de la UNGL tengan prohibición absoluta de participar en campaña política.
Como parte del análisis, esta mañana los congresistas recibieron en audiencia al asesor de la presidencia del TSE, Andrei Cambronero Torres, quien enfatizó que la decisión de incluir a la cúpula de la UNGL debe ser tomada por los diputados.
"Es parte de la discrecionalidad de la Asamblea Legislativa determinar cuáles son aquellos cargos que están incluidos en esa lista de prohibición absoluta. Es una reserva de ley porque se trata de la limitación de un derecho fundamental de carácter político", explicó Cambronero.
El asesor electoral señaló que, en caso de que los legisladores decidan avanzar con la aprobación de la propuesta, sería recomendable incluir un transitorio para determinar qué ocurriría con las personas que actualmente ocupan esos cargos.
El proyecto de ley que busca extender la prohibición para los jerarcas de la UNGL de participar en campañas políticas fue presentado en septiembre pasado por el legislador socialcristiano Carlos Felipe García Molina. La intención de la iniciativa es evitar la beligerancia política dentro de la organización.
Según García Molina, con esta reforma se garantizarían los principios de imparcialidad y transparencia que deben regir las labores de los funcionarios de esta institución, encargada de promover el desarrollo comunal en el país.
De aprobarse la propuesta, los funcionarios no podrán realizar ningún acto de participación político-electoral, ni siquiera fuera de su jornada laboral. Esto incluye asistir a actividades de partidos políticos, participar en clubes o reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, o hacer ostentación partidista de cualquier tipo.