Magistrados: gestión de cobros convirtió al Poder Judicial “en cobrador de grandes empresas”
Los magistrados Jorge Araya de la Sala Constitucional, y Patricia Solano de la Sala de Casación Penal, coinciden en que los expedientes de cobro tienen saturado al Poder Judicial y lo han convertido en el cobrador de un grupo reducido de grandes empresas del país, por lo que urgen reformas importantes en esta materia.
Según las estimaciones de la institución, en general, aunque están ingresando cada vez más casos, todos los juzgados y tribunales están resolviendo más; sin embargo, la gestión de cobros es una piedra en el zapato.
El total de expedientes ronda los 740.000, de los cuales 477.000 corresponden a cobros judiciales: alrededor del 65 %. Esto reduciría el circulante a unos 234.000 casos. Dar trámite a cobros judiciales, cuando en la mayoría de las latitudes se trata de un procedimiento administrativo que recae en otras entidades, absorbe una gran cantidad de recursos del Poder Judicial.
Para Solano, el país debe entrar en un debate sobre cómo resolver este problema, según dijo a CR Hoy en una entrevista días atrás.
"Se han hecho algunos planteamientos, porque es por una ley que se obliga a que los bancos y los entes crediticios cobren a través del Poder Judicial. Tendríamos que entrar en una discusión con relación a qué es lo que corresponde", señaló.
Para Araya, la situación requiere una intervención urgente.
"En este momento somos el cobrador de empresas muy reconocidas y si vamos a seguir por ese camino y esa es una posición muy personal, deberíamos avanzar en cuatro proyectos de ley", destacó.
Soluciones sobre la mesa
Ya existen proyectos de ley que la Asamblea Legislativa podría aprobar para solucionar estos problemas. Uno de ellos es la ley de procedimientos de cobro en sede notarial, que permitiría a los notarios públicos tramitar los procesos de cobro y así ejecutar extrajudicial o administrativamente la falta de pago, evitando la saturación de las sedes judiciales.
Otra iniciativa, y quizá la más importante, es la prescripción de oficio para deudas financieras. Actualmente, los tribunales costarricenses no pueden declarar la prescripción de oficio, lo que para Araya es inaudito. La única forma de archivar un expediente, aunque ya haya transcurrido el plazo límite para cobrarlo, es que el deudor haga una solicitud.
La prescripción de oficio permitiría a los jueces eliminar los cobros judiciales de deudas prescritas sin ninguna gestión adicional del afectado e, incluso, evitarle tener que pagar un abogado para realizar el trámite.
Otra alternativa es establecer una tasa de cobro judicial. Esta medida obligaría a los acreedores a pagar un porcentaje del monto que pretenden cobrar mediante el Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer y sostener financieramente los juzgados de cobro. La tasa se aplicaría en cada demanda que inicien; por ejemplo, podría ser del 5 %.
Finalmente, para el magistrado Araya también se podría crear un timbre de cobro judicial que se pague como requisito para cada demanda de cobro, lo que permitiría recaudar fondos para financiar labores, por ejemplo, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano (PPSO) aseguró que de esa lista únicamente les interesa el proyecto de cobro notarial al considerar que "no genera distorsiones en la gestión de cobro" y que permitiría un arreglo sencillo y eficiente para los involucrados. La iniciativa está para salir de la comisión de Jurídicos el 5 de noviembre, cuando podría pasar al plenario.
En el caso de la prescripción, les preocupa "el impacto que puede tener sobre los intermediarios financieros" y sobre la tasa cobratoria aseguró que podría hacer los créditos más caros.
Para Araya, más allá del problema judicial, el gran volumen de casos de cobro refleja el problema social del gran endeudamiento que afronta un grupo de ciudadanos importante, a los que el dinero no les alcanza y terminan adquiriendo préstamos o tarjetas de crédito, lo que a su vez tiene un impacto en su salud.