TSE investiga ₡3.400 millones que financiaron campaña presidencial 2026
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investiga más de ₡3.411 millones relacionados con recursos privados utilizados para financiar la campaña electoral de 2026, de los cuales cerca del 71,5% abastecieron al Partido Pueblo Soberano (PPSO), es decir ₡2.438.784.481.
Guiselle Valverde Calderón, funcionaria del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), confirmó que el TSE mantiene abiertos actualmente 155 estudios de solvencia económica, relacionados con 16 de las 24 agrupaciones que participaron en las elecciones presidenciales.
Los procedimientos buscan determinar, entre otros aspectos, el origen y la trazabilidad de los recursos que las agrupaciones políticas recibieron, así como la capacidad económica de las personas que entregaron el dinero.
El segundo monto más elevado corresponde al Partido Liberal Progresista (PLP), con ₡339.931.500, mientras que la Coalición Agenda Ciudadana ocupa el tercer lugar, con ₡142.420.000.
La lista completa del dinero bajo análisis es la siguiente:
| Partido | Monto investigado |
|---|---|
| Pueblo Soberano | ₡2.438.784.481,00 |
| Liberal Progresista | ₡339.931.500,00 |
| Coalición Agenda Ciudadana | ₡142.420.000,00 |
| Avanza | ₡100.725.000,00 |
| Unidos Podemos | ₡75.551.000,00 |
| Centro Democrático y Social | ₡59.000.000,00 |
| Liberación Nacional | ₡58.287.284,50 |
| Nueva República | ₡53.188.930,00 |
| Actuemos Ya | ₡52.785.000,00 |
| Esperanza Nacional | ₡32.838.860,00 |
| Unidad Social Cristiana | ₡25.773.300,00 |
| Esperanza y Libertad | ₡7.789.000,00 |
| Unión Costarricense Democrática | ₡7.675.000,00 |
| Justicia Social Costarricense | ₡5.900.000,00 |
| Progreso Social Democrático | ₡5.525.000,00 |
| Compatriotas | ₡5.500.000,00 |
| Total | ₡3.411.674.355,50 |
PPSO colocó más de ₡3.800 millones en certificados
Valverde explicó que existe una razón aritmética para que Pueblo Soberano concentre una parte tan significativa de los recursos sometidos a estudios de solvencia.
Este partido financió su campaña casi exclusivamente mediante la colocación de certificados de cesión, mecanismo mediante el cual los partidos pueden obtener recursos anticipadamente a cambio de ceder a terceros su eventual derecho a recibir parte de la contribución estatal.
La funcionaria detalló que Pueblo Soberano, al igual que otras dos agrupaciones, solicitó financiamiento estatal anticipado. En su caso, recibió ₡200 millones, una cantidad que calificó como poco representativa frente al volumen total de recursos que movilizó durante la campaña.
"Efectivamente, hay una marcada participación del partido oficialista, básicamente por una relación aritmética, porque fue el partido que colocó mayor cantidad de certificados de cesión. (…) esa alta colocación incide en la cantidad de estudios de solvencia", agregó.
¿Qué busca determinar el TSE?
Los estudios de solvencia no son un procedimiento exclusivo de una campaña o agrupación política.
Valverde explicó que se trata de mecanismos rutinarios de fiscalización que el TSE aplica tanto durante periodos electorales como fuera de ellos. Sin embargo, su utilización aumenta durante las campañas debido a la cantidad de recursos privados que circulan para financiar a las agrupaciones.
La fiscalización tampoco se limita a comprobar que el partido registró contablemente el dinero que recibió.
El DFPP busca establecer quién entregó los recursos, de dónde provienen, qué mecanismo permitió trasladarlos y si la capacidad económica de la persona que aparece como aportante es compatible con el monto entregado.
"Desde una perspectiva de fiscalización, no basta solo con verificar que esos ingresos hayan sido registrados contablemente o que los gastos cuenten con los documentos de respaldo", explicó Valverde.
Según indicó, también resulta necesario determinar "de dónde provienen los recursos", quién los aporta y si las personas cuentan con el patrimonio suficiente para hacer llegar esas sumas a los partidos.
Otro elemento que revisa el TSE es si la procedencia del dinero resulta compatible con el ordenamiento jurídico.
Por esa razón, la existencia de un estudio de solvencia no significa por sí misma que el TSE haya determinado una irregularidad. Se trata precisamente del procedimiento que el órgano electoral utiliza para establecer el origen y el recorrido del dinero, y para determinar si existen elementos que ameriten otras diligencias.
TSE registra 155 casos en la última campaña
Los 155 estudios de solvencia abiertos se encuentran en distintas etapas.
De acuerdo con Valverde, en 77 casos el TSE ya recibió las respuestas solicitadas y actualmente analiza la información aportada.
Otros nueve casos permanecen dentro del plazo establecido para responder, mientras que en cuatro el TSE todavía no ha recibido la información requerida y el DFPP realiza reiteraciones.
Además, 12 casos ya cuentan con un informe técnico para diligencias de archivo.
Esto significa, explicó la funcionaria, que esos expedientes atravesaron el proceso de revisión, consultas y eventuales ampliaciones, y que desde el punto de vista de fiscalización ya existen elementos suficientes para tener una certeza razonable sobre el origen y la trazabilidad de los recursos.
La situación es diferente para otros 15 casos, que el TSE remitió al área de investigaciones.
En esos expedientes, el área de investigaciones realizará diligencias ampliadas para determinar con mayor profundidad tanto el origen como el recorrido de los recursos.
También existen seis casos con problemas para localizar a las personas a quienes el TSE realiza el estudio, por lo que el órgano electoral efectúa verificaciones con los partidos políticos para intentar concretar nuevas notificaciones.
Aportes de hasta más de ₡100 millones
El TSE detectó otra particularidad en las elecciones de 2026: el tamaño de algunas operaciones que realizaron personas particulares.
Valverde señaló que el aumento no se refleja únicamente en la cantidad de estudios de solvencia realizados, sino también en la naturaleza de las operaciones que el TSE debe revisar.
En esta campaña existen personas que, individualmente, realizaron aportes o adquirieron certificados de cesión por montos superiores a ₡50 millones y ₡100 millones.
La funcionaria aseguró que esta constituye una particularidad de las elecciones de 2026 que no se había observado de la misma manera en procesos anteriores.
El DFPP utiliza un umbral técnico para determinar qué operaciones requieren estudios de solvencia.
Según Valverde, el DFPP aplica este umbral a donantes, contribuyentes, aportantes, compradores de certificados de cesión, proveedores o prestamistas cuyas operaciones superen $10.000 o ₡5 millones.
Ese parámetro se relaciona con los mecanismos que emplea el sistema bancario dentro de la política denominada "conozca a su cliente".
Si el TSE identifica otros factores de riesgo, puede ordenar un estudio aunque la operación se encuentre por debajo de ese umbral.
Cambió la forma de financiar las campañas
La funcionaria también explicó que detrás del aumento de los controles existe una transformación más amplia en la manera en que los partidos políticos costarricenses obtienen recursos para competir en las elecciones.
Según Valverde, desde aproximadamente 2010 el modelo ha experimentado un cambio progresivo.
Cuando el DFPP comenzó a ejercer las herramientas de fiscalización que estableció el Código Electoral de 2009, las donaciones de particulares tenían un papel mucho más relevante.
La lógica consistía en que ciudadanos identificados con determinada opción política aportaran recursos directamente a las agrupaciones.
Los partidos complementaban esas contribuciones con créditos que otorgaban entidades bancarias, otra de las principales fuentes de financiamiento electoral.
Con el paso de los años, según la funcionaria, las donaciones han perdido peso y los partidos también enfrentan mayores dificultades para obtener créditos del sistema financiero, por hechos irregulares conocidos recientemente, casos de corrupción, entre otros elementos sociopolíticos.
Como consecuencia las agrupaciones han recurrido cada vez más a los certificados de cesión para conseguir anticipadamente los recursos necesarios para desarrollar sus campañas, lo que obliga al TSE a incrementar las acciones de control.