PANI levanta medidas cautelares contra funcionarios suspendidos durante dos años
Edificio central del PANI, en San José. CRH
Cuatro funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que permanecieron suspendidos durante aproximadamente dos años, pero con goce de salario, se reincorporaron el pasado lunes 7 de setiembre a sus puestos de trabajo.
El regreso fue confirmado a CR Hoy por el PANI, luego de que la institución decidiera no prorrogar las medidas cautelares que pesaban sobre estos cuatro funcionarios.
Los trabajadores forman parte de un grupo de ocho funcionarios que son investigados administrativamente por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y tramitación de expedientes de menores de edad.
De acuerdo con el PANI, la decisión de levantar las medidas cautelares para estos cuatro funcionarios no significa que el procedimiento administrativo haya concluido ni que hayan sido declarados inocentes o exonerados de responsabilidad.
El PANI explicó anteriormente que las medidas cautelares son de carácter temporal y se analizan de manera individual. Además, señaló que la finalización de estas medidas no constituye una resolución sobre el fondo del procedimiento ni determina responsabilidad administrativa.
Mientras estos cuatro funcionarios regresaron a sus puestos, los otros cuatro continúan suspendidos con goce de salario, debido a que las medidas cautelares en su contra permanecen vigentes.
El procedimiento administrativo contra los ocho funcionarios continúa abierto y está pendiente la reprogramación de una audiencia.
Investigación por expedientes de menores
El caso se relaciona con una investigación por presuntas irregularidades en expedientes utilizados en procesos de protección de personas menores de edad.
Según información divulgada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 2024, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2022 y estarían relacionados con aparentes alteraciones de información en expedientes y posibles irregularidades en procesos de protección y adopción.
En ese momento, el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que, aparentemente, algunos funcionarios habrían incorporado información falsa en informes técnicos utilizados dentro de estos procesos.
Entre los ejemplos mencionados por el jerarca estaba la supuesta inclusión de información sobre consumo de drogas por parte de familias, con el propósito de excluir a menores de edad de su núcleo familiar y trasladarlas a centros de atención.
La investigación penal incluyó, entre otros delitos, una presunta modalidad irregular de trata de personas vinculada con adopciones, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
En agosto de 2024, agentes del OIJ realizaron seis allanamientos como parte de la investigación y detuvieron a cinco personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.
Los procesos penal y administrativo son independientes. Hasta ahora, ninguno de los dos ha concluido con una resolución firme que establezca responsabilidad de los funcionarios investigados.