Trámite para financiar licencias de cuido está estancado, advierte Defensoría
El trámite para conseguir más recursos para las licencias de cuido está estancado, mientras los pagos de noviembre y diciembre de 2026 corren riesgo por falta de dinero, advirtió la Defensoría de los Habitantes.
La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) necesita información financiera y contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para valorar un eventual refuerzo presupuestario.
Sin embargo, la Caja reconoció el 12 de octubre que aún no tiene una fecha definida para completar esos datos.
Los subsidios están dirigidos a trabajadores que deben cuidar a pacientes en fase terminal o a personas menores de edad gravemente enfermas. La ayuda les permite mantener un ingreso durante la licencia.
De acuerdo con información que la CCSS remitió a la Defensoría, al 8 de octubre el programa disponía de ₡375,9 millones, mientras que el gasto mensual promedio era de ₡401,3 millones. Por ello, los recursos disponibles eran inferiores a lo que se gasta, en promedio, en un mes.
La Caja ha señalado desde enero de 2026 la necesidad de reforzar el presupuesto. En julio, la Presidencia Ejecutiva de la institución identificó posibles faltantes de entre ₡155 millones y ₡991 millones.
Para valorar el refuerzo, Desaf requiere que la CCSS entregue la liquidación financiera de 2025, informes de 2026, datos de cobertura y aclaraciones contables pendientes.
La Caja atribuyó la falta de una fecha para completar la información a dificultades con los cierres contables y el sistema ERP-SAP.
"La coordinación entre instituciones es fundamental para garantizar respuestas oportunas. Las dificultades administrativas no deben poner en riesgo el bienestar de las familias que dependen de estas licencias", señaló la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
La Defensoría pidió a la CCSS y a Desaf un informe conjunto con un plan inmediato para garantizar los pagos de noviembre y diciembre, el monto actualizado del faltante y la fuente de financiamiento disponible.
Advirtieron que un atraso o una suspensión de los pagos podría afectar las necesidades básicas y la estabilidad económica de los hogares, así como las condiciones necesarias para brindar cuido.
En 2025, el beneficio ya sufrió una suspensión temporal por falta de recursos.