Comisión avala plan para endurecer penas a reincidentes
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente un proyecto de ley para endurecer las penas de cárcel para reincidentes y restringir los beneficios penitenciarios en determinados delitos.
La iniciativa, denominada Mano firme ante la reincidencia delictiva, busca endurecer las sanciones para quienes vuelvan a delinquir después de recibir una condena firme y limitar el acceso a beneficios penitenciarios para personas sentenciadas por delitos graves.
El proyecto fue presentado por la presidenta Laura Fernández como dentro de las iniciativas en materia de seguridad. El texto se dictiminó cuatro meses despúes de la presentación al Congreso por parte de la mandataria.
Votaron a favor del dictamen los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) Gonzalo Ramírez, Nogui Acosta, Kattia Calvo, Fernando Obaldía y Daniel Siézar. En contra votaron representantes de Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio y el PUSC.
Reforma contra la reincidencia
El proyecto plantea que todo reincidente enfrente prisión preventiva como medida cautelar y que los jueces impongan la pena más alta cuando cometa un nuevo delito dentro de un plazo de 15 años.
La iniciativa establece cuatro categorías:
- Reincidencia simple: quien cometa un nuevo delito dentro de un periodo de 15 años.
- Reincidencia calificada: cuando el nuevo delito esté relacionado con crimen organizado.
- Reincidencia habitual: quien acumule tres sentencias en 15 años y vuelva a delinquir.
- Delincuente profesional: quien tenga tres o más sentencias firmes y cometa un nuevo delito.
¿Qué propone el texto?
La iniciativa establece un sistema de cuatro rangos para fijar las penas. Según el texto, la reincidencia simple ubicaría al condenado en el rango medio, mientras que la reincidencia, la habitualidad y la profesionalidad delictiva lo colocarían en el rango máximo.
Además, plantea impedir que las personas condenadas por delitos como homicidio doloso, femicidio, delitos sexuales contra menores, secuestro extorsivo, trata de personas, terrorismo y narcotráfico accedan a beneficios penitenciarios o mecanismos para sustituir, suspender o abreviar la pena de prisión.
El proyecto también propone ampliar los criterios para ordenar prisión preventiva cuando exista riesgo de que la persona continúe delinquiendo, tomando en cuenta condenas anteriores e incumplimientos de medidas cautelares o beneficios penales. Sin embargo, la pobreza, el desempleo y la marginalidad social no podrían utilizarse por sí solos para justificar esa medida.
La iniciativa contempla, además, crear un Registro Nacional de Reincidencia para recopilar información sobre condenas firmes y categorías delictivas declaradas.
El texto recibió cuestionamientos del bloque democrático, cuyos integrantes señalaron que la iniciativa puede mejorarse. Coincidieron en que la prisión preventiva es una medida excepcional y cuestionaron que se restrinja su aplicación.
Además, criticaron al PPSO por intentar darle vía rápida a un proyecto que, a su criterio, requiere ajustes.
Ahora, la iniciativa pasa al Plenario Legislativo para continuar con su trámite.