Solo un diputado votó en contra de despedir a Méndez Mata
Enrique Sánchez, del PAC, preparará informe de minoría tras discrepar con demás legisladores
Enrique Sánchez, diputado oficialista, en una sesión legislativa en junio de 2020. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
(CRHoy.com). Enrique Sánchez Carballo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), fue el único legislador que votó en contra del informe de la comisión legislativa que investigó presuntos actos de corrupción en el desarrollo de obras públicas en el marco del caso "Cochinilla".
Por mayoría, con 6 votos positivos contra 1 negativo, los integrantes de ese foro avalaron el documento que plantea recomendar a Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, la destitución "inmediata" de Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes.
En el documento, también se sugieren sanciones "morales y políticas": inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (4 años) y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante 2 períodos constitucionales (8 años) contra el ministro, quien también es el presidente del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y los demás directores de ese ente.
Los miembros del consejo señalado son Tomás Figueroa Malavassi (también viceministro de Infraestructura), Berny Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Llach Cordero, Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara.
"Sus acciones favorecieron, podría ser sin quererlo, las propias actividades de la supuesta red de corrupción, ya que la misma se había enquistado en la institución por años, y dependía principalmente de la empresa H. Solís, en la cual el 90% de sus ingresos provienen de contratos estatales. Para el caso de MECO, dicha dependencia alcanzaba un 82%", puntualizó el documento, en referencia a Méndez Mata.
El informe de la comisión también señala al jerarca por participar en una serie de modificaciones presupuestarias dentro del ministerio, las cuales están bajo la lupa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Pese a que no se encontraron elementos para establecer una conducta delictiva o dolosa por parte del ministro, para los legisladores tuvo una "actitud pasiva" para enfrentar la corrupción.
Ante esto, el diputado oficialista Sánchez Carballo anunció que presentará un informe de minoría y explicó sus razones para apartarse de las consideraciones del resto de miembros de la comisión.
"Cuando se reitera en un informe, a partir de todas las declaraciones que se han dado aquí, que no es posible identificar la participación del ministro en la red de corrupción (…) es por lo que yo no puedo compartir la conclusión a la que llegan la mayoría de señalar una responsabilidad moral concretamente sobre un jerarca, sobre el ministro de Obras Públicas y Transportes", acotó Sánchez.
Resultado de la votación del informe, en la sesión de este 24 de marzo. Captura de pantalla
El legislador enfatizó en que votó negativamente el informe, no porque no crea que no se pueda "hacer más" en el ministerio, o que el consejo del Conavi está de "adorno", sino porque no hubo pruebas concretas de una responsabilidad clara del jerarca.
"La misma investigación y el desarrollo del documento señala esa 'no responsabilidad' del jerarca en la red que se señala", acotó.
Sánchez también se opuso a la recomendación para inhabilitar temporalmente a los funcionarios al señalar que es la Contraloría General de la República (CGR) la que debe tomar esas medidas.
Al respecto, Pablo Heriberto Abarca, presidente de la comisión legislativa y diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), insistió en que están autorizados para plantear una sanción política y moral.
"Es una recomendación, nadie la está imponiendo. De acuerdo con lo que hemos visto, nos parece apropiado que a quien le corresponda aplicarla (la sanción), la aplique como quiera. Que está documentado y absolutamente reforzado, que se requiere una sanción política y moral, me parece que no hay discusión", comentó Abarca.
Ahora, el informe pasará al plenario legislativo para ser discutido y votado.
Cabe destacar que este tipo de documentos no son vinculantes.