Sociedad Interamericana de Prensa celebró condena contra Chaves por violentar periodistas
Condena contra el mandatario hizo eco a nivel internacional
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró el más reciente fallo de la Sala Constitucional, que condenó al gobierno de Rodrigo Chaves Robles por violaciones a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información.
La agrupación describió el veredicto de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia como "un importante precedente en defensa de la libertad de prensa y del derecho de los periodistas a ejercer su labor sin discriminación ni estigmatización por parte del poder público".
La SIP, también conocida como Inter American Press Association (IAPA), es una organización de propietarios, editores y directores de medios de comunicación del continente, que representa a más de 1.300 periódicos y revistas. Desde 1926 se enfoca en la defensa de la libertad de prensa en América.
Esta semana, los magistrados constitucionales resolvieron dos recursos de amparo (24-025545-0007-CO y 24-27116-0007-CO) interpuestos por los periodistas Héctor Guzmán Suárez, David Chavarría Hernández y David Bolaños Acuña, estos dos últimos de Radio Interferencia y Doble Check.
De acuerdo con la SIP, esta resolución judicial confirma lo que una misión de la organización verificó en enero pasado durante una visita al país, donde se evidenció una "preocupante degradación del ambiente de libertad de prensa", incluyendo prácticas gubernamentales de estigmatización contra medios y periodistas críticos.
Altos miembros de la organización destacaron la decisión de la Sala IV y la condenatoria contra el gobernante costarricense.
"Este fallo de la Sala Constitucional no solo hace justicia a los periodistas afectados, sino que también marca un hito regional contra la estigmatización desde el poder.
Es un precedente clave para proteger la libertad de prensa en contextos democráticos que enfrentan discursos autoritarios", señaló el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, destacó:
"Costa Rica tiene una tradición democrática que hoy se ve fortalecida con este fallo. Es un mensaje claro para toda América Latina: los gobiernos no pueden castigar con el silencio a quienes hacen preguntas incómodas".
La misión de la SIP también había documentado cómo el discurso oficial ha generado un clima de hostilidad y autocensura en ciertas redacciones en Costa Rica.
En el primer caso, los hechos se remontan al 30 de julio de 2024, cuando Presidencia convocó a una conferencia de prensa sobre la decisión de la Sala Constitucional respecto a la consulta legislativa sobre la "Ley Jaguar".
Durante el evento, el mandatario interrumpió de forma abrupta, alzó la voz y mandó a callar a uno de los periodistas mientras formulaba su pregunta, con el fin de impedir que continuara.
Además, en ese mismo expediente, los recurrentes expusieron que el 11 de septiembre de 2024 otros dos periodistas fueron rodeados por escoltas de la Unidad de Protección Presidencial cuando intentaron hacer repreguntas a la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y al presidente Chaves Robles.
Los periodistas señalaron que intentaron hacer más preguntas sobre el proyecto de ley de jornadas 4×3 y que, cuando uno de ellos reclamó que no le habían respondido, desde el Gobierno le apagaron el micrófono.
En ese caso, el tribunal constitucional reconoció la violación a la libertad de prensa en perjuicio de Bolaños, Chavarría y Guzmán.
Por ende, la Sala IV condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que motivaron la declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia contencioso-administrativa.
En el segundo expediente, los denunciantes solicitaron información sobre la aprobación de las jornadas 4×3. No obstante, alegaron que sus consultas no fueron respondidas por el Ministerio de la Presidencia, lo que consideraron una violación a su derecho de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política.
En este caso, la Sala declaró con lugar el recurso, pero limitó la condena al Ministerio de la Presidencia, sin ordenar compensación económica, y eximió de responsabilidad al Ministerio de Comercio Exterior.
En su reciente reunión de medio año, celebrada en abril de 2025, la SIP aprobó una resolución especial contra la estigmatización de periodistas desde el poder, en la que advirtió sobre el creciente uso de discursos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos para desacreditar a medios y reporteros, y llamó a los Estados a abstenerse de incurrir en prácticas que puedan fomentar el odio o la violencia contra la prensa.
El caso de Costa Rica fue citado como un ejemplo preocupante de esta tendencia. La SIP ya había celebrado en marzo una decisión anterior del mismo tribunal, dictada en mayo de 2023, en la que la Sala Constitucional destacó que "ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos".
En ese caso, la Sala había concedido un recurso de amparo al periodista Jason Ureña, entonces de CR Hoy, ante los agravios proferidos por el presidente Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, durante una conferencia de prensa en enero de ese año.
El mandatario llamó "sicarios políticos" a los reporteros allí presentes, incluyendo a periodistas del diario La Nación y del canal Teletica.