Sindicatos y gerente se reúnen ante paro de labores en la CCSS
Negociaciones sobre disputa por aumento salarial recae en Roberto Cervantes Barrantes
(CRHoy.com) El gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Roberto Cervantes Barrantes, recibió este jueves en la mañana a los representantes de los gremios sindicales de esa institución para intentar llegar a un acuerdo acerca del aumento salarial retroactivo de los 63 mil funcionarios de la institución.
Cervantes Barrantes recibió a los líderes sindicales minutos después de las 9 a.m en las oficinas de la Junta Directiva de la entidad, ubicada en Barrio Don Bosco, en San José.
La reunión se efectúa mientras decenas de funcionarios de la entidad aguardan en las inmediaciones del edificio. Los sindicatos advirtieron que este paro de labores de algunos funcionarios generaría una afectación en algunos de los servicios para los asegurados en distintos centros médicos.
Los sindicatos entraron a la reunión con un único objetivo: la fecha en la que se les girará el aumento salarial aprobado por la junta directiva el pasado 8 de setiembre, pero al que se opone el Poder Ejecutivo.
La disputa entre el Ejecutivo y la CCSS por este ajuste salarial generó la destitución del entonces presidente ejecutivo, Álvaro Ramos, el pasado sábado 17 de septiembre.
La entidad está ahora en manos de la exministra de Trabajo y exmagistrada, Marta Esquivel Rodríguez, quien se desconoce si participa denla reunión con los sindicatos este jueves.
Los sindicatos advirtieron que si este jueves no tienen una respuesta favorable sobre el aumento, vendrán movimientos de protesta y paro de labores de manera indefinida a nivel nacional en los centros médicos de la CCSS.
Según el presidente, Rodrigo Chaves, la Junta Directiva de la Caja debió haber tomado en cuenta lo que dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre los aumentos salariales en momentos de estrechez fiscal.
El mandatario instó a los miembros de dicha junta a revisar su decisión y aseguró que la posición de su gobierno respecto a revertir el aumento se apega a la legalidad.
El gobierno asegura que el alza –que oscila entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales según el tipo de puesto– "tiene un riesgo fiscal para el Gobierno y la estabilidad de esa institución".
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