Seis acciones del Gobierno desfinancian lucha del Poder Judicial contra el crimen organizado
El Gobierno pasado y el actual han desfinanciado la lucha contra el crimen organizado al quitarle presupuesto al Poder Judicial y seis decisiones adoptadas por la administración lo prueban.
Entre las principales consecuencias de este desfinanciamiento está la paralización de plazas policiales, la afectación de investigaciones forenses, la fuga masiva de personal especializado, el freno a proyectos de infraestructura y, más recientemente, las limitaciones a los gastos operativos.
Primera acción:
Ocurrió durante el primer año del Gobierno de Rodrigo Chaves, en el 2022. En el Presupuesto Ordinario para el 2023 recortaron ₡7.838 millones al Poder Judicial.
Esto se reflejó en ₡1.136 millones menos para la compra de chalecos antibalas y ₡126 millones menos en gastos confidenciales destinados a investigaciones sobre narcotráfico y secuestros.
Segunda acción:
En ese mismo año, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le quitaron ₡78,1 millones para kits de ADN, ₡64,8 millones para reactivos de análisis de drogas y ₡37,4 millones para la adquisición de ataúdes para víctimas de homicidio y bolsas para cadáveres. Además, se recortaron ₡136 millones destinados a la alimentación de personas detenidas en celdas.
Tercera acción:
Tras la reglamentación de la Ley de Empleo Público, el Poder Judicial tuvo una contundente fuga de personal. La pérdida de competitividad salarial provocó al menos 300 renuncias de profesionales especializados.
En la Asamblea pasada existió la intención de aprobar un proyecto para excluir al OIJ de esta norma, pero la entonces ministra de Planificación -hoy presidenta de la República- Laura Fernández la calificó de "irresponsable".
Cuarta acción:
A finales de 2023, Hacienda impidió al OIJ trasladar ₡2.000 millones ahorrados a un fideicomiso destinado a infraestructura policial, recursos que la institución había reservado para mejorar sus instalaciones y fortalecer el entrenamiento de su personal.
La dirección del OIJ de entonces denunció una subejecución inducida. Hacienda transfería recursos para compras complejas el 1.º de noviembre, imposibilitando realizar las licitaciones antes del cierre del año y, posteriormente, exigía la devolución del dinero alegando una supuesta "incapacidad de ejecución".
Quinta acción:
El hoy diputado Nogui Acosta se negó, siendo ministro de Hacienda en la administración pasada, a entregar ₡₡8.688 mil millones que la Asamblea Legislativa aprobó para crear 176 plazas de investigación en el OIJ y 99 de fiscales. Acosta alegó que esos fondos provenían del pago de intereses de la deuda.
Aunque en 2025 y 2026 los diputados aprobaron nuevamente la incorporación de esos recursos, hasta la fecha Hacienda no los ha transferido. A inicios de 2025, Hacienda liberó un abono parcial de solamente ₡3.000 millones mediante un decreto.
Sobre esos fondos, Chaves y Fernández —siendo ministra de Presidencia— intensificaron sus críticas contra las solicitudes del Poder Judicial, al calificarlas de "berrinches" y afirmar que la institución pedía recursos "con cuchara grande".
Además, promovieron manifestaciones contra el fiscal general, Carlo Díaz y elevaron críticas contra el OIJ por denunciar el desfinanciamiento de la lucha contra el crimen organizado.
Cuando Acosta dejó el Ministerio de Hacienda para postularse a la Asamblea Legislativa, su sucesor, Rudolf Lücke, mantuvo retenidos los recursos.
El OIJ sostuvo que existió un trato preferencial. Hacienda sí garantizó el financiamiento para cerca de 900 plazas en la Fuerza Pública utilizando la misma fuente de recursos que negó al Poder Judicial.
Sexta acción:
A mediados de 2026, ya en el Gobierno de Laura Fernández, la Dirección de Presupuesto Nacional aplicó una reducción del 10% a las cuotas presupuestarias correspondientes al tercer y cuarto trimestre. La medida consolidó un recorte adicional de ₡3.053 millones al Poder Judicial.
Ante esto, la Corte facultó a Orlando Aguirre a tomar acciones contra lo que calificaron como un debilitamiento de los recursos institucionales.
Severo impacto
Para la Corte Plena, dichas decisiones políticas han provocado una asfixia presupuestaria que afecta gravemente los programas de administración de justicia.
Por ejemplo, el área de Investigación Criminal del OIJ registra un recorte directo de ₡943,7 millones. De ese monto, el 91,81 % corresponde a rubros que impactan áreas críticas, como combustible, telecomunicaciones, mantenimiento de vehículos e insumos científicos.
El Programa de Protección a Víctimas y Testigos también enfrenta severas reducciones en recursos para reubicaciones de emergencia, transporte protegido y alimentación básica, lo que aumenta el riesgo de que las víctimas abandonen los procesos penales por falta de resguardo.
En el ámbito jurisdiccional y la Defensa Pública, la falta de recursos para peritajes y viáticos incrementa la reprogramación de audiencias y la mora judicial, además de limitar la presencia institucional en territorios indígenas y zonas rurales.
La paralización en la contratación de personal y la falta de equipos científicos colocan al país ante un escenario de creciente impunidad, en el que causas complejas relacionadas con el narcotráfico podrían prescribir por el vencimiento de los plazos legales.
Muchas de estas afectaciones ya son consideradas altamente críticas. A ello se suma que, en junio pasado, el ministro de Hacienda solicitó una rebaja adicional del 5% del presupuesto vigente, equivalente a ₡27.076 millones.
Como respuesta, la Corte Plena acordó devolver ₡13.220 millones al Gobierno Central, monto que se suma a los ₡3.000 millones que permanecen sin ser transferidos.