Sala IV ya ha protegido a funcionarios sancionados por declaraciones con la prensa
La Sala Constitucional ya ha conocido casos de funcionarios públicos que enfrentaron sanciones o procedimientos disciplinarios por expresar opiniones públicamente y, en algunos de ellos, ha ordenado dejar sin efecto las medidas al considerar que se vulneró su derecho a la libertad de expresión.
Estos antecedentes adquieren relevancia ahora que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) abrió un proceso disciplinario contra el piloto del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) David Damazio Fernández, quien confirmó que fue notificado de la investigación por declaraciones brindadas a CR Hoy y por publicaciones realizadas posteriormente en redes sociales.
Funcionario de Incofer fue sancionado por hablar con la prensa
Uno de los casos más directamente relacionados con la situación actual ocurrió en 2016.
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) sancionó sin goce salarial, a un funcionario que había dado declaraciones a un medio de comunicación sobre problemas en el mantenimiento de los trenes.
La institución argumentó que el trabajador no estaba autorizado para brindar esas declaraciones y que, con sus manifestaciones, había irrespetado la vocería establecida por el Incofer.
El funcionario acudió a la Sala Constitucional y los magistrados declararon con lugar el recurso de amparo.
La resolución determinó que las declaraciones se referían a un informe elaborado por el propio trabajador y que ya había sido presentado a la Presidencia Ejecutiva del Incofer meses antes, por lo que tenía carácter público.
La Sala consideró, además, que las manifestaciones correspondían a opiniones personales del funcionario sobre el funcionamiento de un servicio público y sobre la actuación de las autoridades de la institución.
Por ello, concluyó que la sanción carecía de la proporcionalidad necesaria y ordenó dejarla sin efecto.
El caso del piloto de Seguridad
El antecedente constitucional aparece mientras Damazio enfrenta un proceso disciplinario en el Ministerio de Seguridad Pública.
Según documentos relacionados con el caso, el procedimiento incluye declaraciones que el piloto brindó a CR Hoy en mayo sobre los resultados de una auditoría internacional de seguridad aérea, así como publicaciones realizadas posteriormente en Facebook relacionadas con la presidenta Laura Fernández.
El funcionario sostiene que sus manifestaciones fueron realizadas a título personal y que nunca habló como vocero del Ministerio de Seguridad Pública.
El piloto sostiene que el procedimiento representa una afectación a su libertad de expresión y cuestiona que las autoridades hayan establecido de qué manera sus declaraciones sobre una auditoría de aviación civil podrían afectar la imagen del Ministerio de Seguridad.
"Entre perder el trabajo y perder la libertad de expresión, la verdad es que prefiero perder el trabajo. Porque hasta en un 'call center' me puedo ir a meter después. Yo estudié aviación porque me gusta volar y porque me apasiona muchísimo la aviación; esto es lo que quiero hacer toda la vida. Pero, entre perder el trabajo y perder la libertad de expresión, prefiero perder el trabajo y ver el tema después en los Tribunales de Justicia", afirmó Damazio en entrevista con este medio.