Regulación de “apps” de transporte se iría en blanco por segundo gobierno consecutivo

(CRHoy.com). La regulación de las plataformas tecnológicas de transporte privado de pasajeros, como Uber o DiDi, es un eterno pendiente para la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.

Al igual que ocurrió en la Administración Solís Rivera (2014-2018), el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) y los actuales diputados se irían en blanco: no habría avance alguno para construir un marco normativo que cobije este tipo de sistemas que funcionan en el país desde agosto de 2015.

El 11 de setiembre de 2019, hace más de 2 años, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa presentó el proyecto de ley 21.587 para regular las plataformas. Desde entonces, con 3 textos sustitutivos en el camino, la propuesta no ha prosperado: el Poder Ejecutivo no la ha impulsado en las sesiones extraordinarias y la discusión se retomaría hasta febrero, en el período de sesiones ordinarias (cuando el directorio legislativo define la agenda a discutir).

El escenario político, con unas elecciones presidenciales que se irían a segunda ronda, tampoco es óptimo para discutir una regulación tan álgida. Esto, a pesar de que las plataformas son fuente de sustento diario para miles de familias.

Manuel Vega, director ejecutivo a.i. del Consejo de Transporte Público (CTP), dijo a CRHoy.com que es necesario poner en regla la operación de las plataformas tecnológicas. Sin embargo, no tiene claro el panorama a mayo próximo, cuando ocurra el cambio de gobierno.

"Uno no sabe qué va a deparar finalmente la Asamblea Legislativa. Sí digo que hay que hacer una adecuación a la ley. Hay que legislar sobre el tema. El transporte de personas ha venido a revolucionar la forma de la movilidad que tiene cada uno. Eso es válido. Lo que no es válido es hacerlo sobre la base de la inseguridad o de los riesgos que está tomando la persona usuaria de un transporte de esta naturaleza", comentó el funcionario, quien aboga porque se brinde una seguridad permanente y sostenida para los usuarios.

La propuesta inicial de regulación planteada por los diputados estipulaba que las empresas tecnológicas debían hacer un pago inicial por su registro, equivalente a 20 salarios base, en las entidades bancarias a título de la Tesorería Nacional. Es decir, aproximadamente ₡9 millones.

Por otra parte, para la renovación de la inscripción, el pago correspondiente sería el equivalente a 10 salarios base. La vigencia del registro será por 4 años. También se establece la figura del derecho de operación. Será una contribución anual del conductor correspondiente al 20% del salario base.

El plan delimitaba una serie de obligaciones y requisitos que debían tener las empresas. Por ejemplo, se debía exigir a los vehículos que contaran con póliza de seguros.  Esa póliza debía ser equivalente a 350 salarios base, por lesiones corporales y muerte de terceros por accidente.

Por otra parte, se debía tener otra póliza de un monto equivalente a 75 salarios base, por daños a la propiedad de terceros por accidente.

Del lado del gobierno lo único claro ha sido la reiterada postura de Rodolfo Méndez Mata, titular del MOPT, quien aboga por una regularización de los servicios con la fijación de un tope límite en la cantidad de choferes registrados en las plataformas.

Vega apuntó que el CTP aboga porque se regule el estatus en el que ofrecen los servicios los choferes, al igual que las tarifas.

"Sería un transporte público más y tendría que ir a un sistema de costos previstos tarifariamente por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Claro, cuando decimos estas cosas, no nos gusta porque las personas usuarias de este tipo de transporte lo hacen en virtud de su bajo costo. Pero, si esto significa poner en riesgo a los usuarios, ahí hay que hacer un llamado", puntualizó el director ejecutivo a.i.