Recursos ante Sala IV reflejan deterioro económico y social que impacta a ciudadanos
El magistrado Jorge Araya asegura que el gran flujo de recursos de personas que acuden a la Sala Constitucional demuestra las graves problemáticas económicas del país y el acelerado deterioro del Estado social, que genera brechas y afecta especialmente a los más pobres.
Araya considera que el pulso de la sociedad se refleja a través de las decisiones y los recursos que llegan a la máxima instancia judicial. El gran volumen de ciudadanos que acuden por una pensión o por temas de salud, asegura, "enciende las alarmas".
Aunque Costa Rica registra un crecimiento económico del 3,9%, el magistrado advierte que este dinamismo es "inadecuado" porque no beneficia a los sectores más vulnerables y provoca la pérdida de la histórica y amplia clase media que caracterizó al país.
"Ese 3,9 no le alcanza a la Costa Rica pobre. Nos dividieron en dos y hay una Costa Rica Rica de la Avenida Escazú, pero hay una Costa Rica muy pobre, muy quedada atrás, con muy poco acceso a los recursos", señala Araya.
A esta brecha social se suman decisiones de política económica que el magistrado califica como "desafortunadas", particularmente en lo que respecta al tipo de cambio. Según explica, la apreciación de la moneda local está golpeando directamente al empleo y al turismo, uno de los motores esenciales del desarrollo nacional.
En un contexto donde el país se ha vuelto tremendamente inseguro y "tremendamente caro, con un costo de vida escalofriante", la falta de un tipo de cambio competitivo desincentiva la llegada de visitantes, a diferencia de lo que ocurre en potencias turísticas como España, que crece al doble de la media europea gracias a la protección del sector turístico.
Magistrados de la Sala Constitucional
El "termómetro" de la Sala
El reflejo más claro de esta crisis es el incremento exponencial de los recursos de amparo y de las solicitudes de auxilio que llegan a la Sala Constitucional, un termómetro de la tensión social, según el magistrado.
Durante todo 2023, la Sala recibió un total de 2.117 recursos relacionados con ayudas del IMAS, pensiones del régimen no contributivo, traslados de cuotas y otras prestaciones destinadas a los sectores más vulnerables.
En contraste, al 26 de agosto de 2024, la cifra ya alcanzaba los 4.641 expedientes y las proyecciones apuntaban a que este año cerraría con cerca de 9.000 casos de esta materia, es decir, más de cuatro veces la cifra registrada en 2023.
Este aumento de más del 300% en las solicitudes de auxilio judicial revela la desesperación de la "Costa Rica pobre", aquella que enfrenta serios obstáculos para acceder a un ingreso digno, una educación de calidad, tecnología y un seguro público de salud eficiente.
Ante este escenario, la Sala Constitucional se ve obligada a intervenir en asuntos de alta complejidad y fuerte polarización social, donde la unanimidad es casi imposible. Araya defiende que la existencia de fallos divididos, como votaciones de 4-3 o 5-2, es natural e incluso necesaria en una democracia.
Temas históricos como el caso Crucitas, la reelección presidencial o el matrimonio igualitario demuestran que el tribunal alberga una diversidad de corrientes de pensamiento unidas por el deber común de defender la Carta Magna.
Para el magistrado, la clave radica en entender que la Constitución no es una "letra muerta" ni una simple "hoja de papel", sino una herramienta dinámica.
"El derecho de la Constitución debe estar en función de la realidad. Pero así es, la Constitución se interpreta en función de la realidad."
Bajo esta premisa, el tribunal debe actuar como un pacificador de los conflictos entre los poderes del Estado, ofrecer salidas institucionales y garantizar que la ley suprema siga vigente y aplicándose para proteger a los ciudadanos.