Recortes de Hacienda al Poder Judicial alcanzan los ₡35.330 millones
Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia junto al mandatario Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles. Foto: Casa Presidencial.
El presupuesto del Poder Judicial para 2026 sufrirá una rebaja de ₡35.330 millones, luego de que Hacienda impusiera un ajuste adicional de ₡23.722 millones y bloqueara la transferencia de ₡8.688 millones que la Asamblea había destinado a reforzar la lucha contra el crimen organizado.
El presupuesto judicial se convirtió, en el último mes, en el centro de un choque entre el Ministerio de Hacienda y la Corte Suprema de Justicia. La cifra combina recursos que nunca se transfirieron y una rebaja adicional que Hacienda enviará a la Asamblea Legislativa.
¿Cómo se llega a los ₡35.330 millones?
La cifra se arma en tres movimientos. El primero fue el esfuerzo fiscal inicial del Poder Judicial: ₡13.221 millones. Hacienda pidió ese recorte el 30 de junio y la Corte lo aceptó. De ese monto, ₡1.613 millones salieron de recursos propios no presupuestarios en la cuenta de la Contaduría Judicial en el Banco de Costa Rica, y ₡11.608 millones correspondieron a una rebaja directa del presupuesto vigente.
Dentro de esos ₡11.608 millones había ₡8.688 millones que los diputados anteriores habían aprobado como refuerzo contra el crimen organizado, para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, ante la delincuencia, el narcotráfico y la ola de homicidios.
Hacienda catalogó ese dinero como "recursos en estado de no ejecución" y bloqueó su uso. Como el propio Ministerio se negó a transferirlo, tampoco lo contó como parte del esfuerzo exigido a la Corte. Esa diferencia dejó, según Hacienda, una brecha frente a la meta fiscal. Por eso, mediante un oficio firmado por el ministro Rodrigo Chaves el 18 de agosto, Hacienda impuso un "ajuste técnico complementario" de ₡23.722 millones, con base en proyecciones de posible subejecución.
Así se llega a los ₡35.330 millones que Hacienda pretende incorporar al proyecto de ley del II Presupuesto Extraordinario: los ₡23.722 millones del ajuste técnico más los ₡11.608 millones que la Corte ya había cedido, incluido el refuerzo congelado desde inicios de año.
Desglose del impacto
El recorte golpea 85 subpartidas en cuatro bloques. En bienes de capital elimina ₡12.334 millones, más de la mitad de la inversión en infraestructura y tecnología. Ahí destaca el recorte de ₡7.965 millones en edificios, que el Poder Judicial advierte que paralizaría obras críticas: en caja solo quedan ₡12,7 millones disponibles.
En bienes y servicios, Hacienda recorta ₡8.763 millones —más de un tercio del gasto operativo flexible—, entre servicios básicos, alquileres y mantenimiento. Solo en alquiler de edificios, locales y telecomunicaciones pretende quitar ₡2.100 millones, aunque disponibles quedan apenas ₡500 millones.
En remuneraciones, el recorte es de ₡1.855 millones, que Hacienda dice aplicar solo sobre plazas vacantes e incentivos no devengados. La Corte responde que eso compromete el pago de anualidades y los aumentos por costo de vida del segundo semestre. En transferencias corrientes, la rebaja es de ₡770 millones, lo que afecta rubros como prestaciones legales.
Recorte judicial por institución (2026)
| Institución | Monto recortado | % del total |
| OIJ | ₡9.536 millones | 40,2% |
| Dirección y Administración | ₡8.729 millones | 36,8% |
| Servicio Jurisdiccional | ₡3.288 millones | 13,9% |
| Defensa Pública | ₡1.087 millones | 4,6% |
| Ministerio Público | ₡558 millones | 2,4% |
| Atención y Protección de Víctimas y Testigos* | ₡336 millones | 1,4% |
| Fondo de Jubilaciones y Pensiones (Programa 951) | ₡187,8 millones | 0,8% |
*Sujeto a un tope de protección del 3%.
Rodrigo Chaves y Orlando Aguirre.
Disputa matemática y constitucional
El choque de fondo está en la base de cálculo para aplicar el recorte del 5% que exige el Ejecutivo. La Corte sostiene que, con los ₡13.221 millones entregados, ya cumplió un esfuerzo fiscal proporcional. Chaves, en cambio, calcula el 5% sobre una "base depurada sin el refuerzo de intereses" de ₡532.838 millones, lo que arroja una meta de ₡26.642 millones. Como Hacienda solo reconoce ₡2.920 millones de aporte real de la Corte —tras descontar los ₡8.688 millones del refuerzo no validado—, justificó el ajuste de ₡23.722 millones para cubrir la diferencia.
El Poder Judicial, con su presidente Orlando Aguirre al frente, califica el recorte de usurpación de funciones, violación de la división de poderes y medida inconstitucional.
En un recurso de reconsideración, argumenta que el Ejecutivo vulnera el artículo 177 de la Constitución, que garantiza la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, y el artículo 41, sobre el acceso a la justicia, al sustituir la planificación interna por estimaciones econométricas centralizadas.
También denuncia una afectación ilegítima al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, financiado de forma privada y autónoma con el 5 por mil de los salarios judiciales, según el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Hacienda defiende su actuación con el artículo 176 de la Constitución, que exige que el gasto no supere los ingresos probables. Sostiene que el ajuste respeta el piso constitucional del 6% asignado al Poder Judicial y que el Ejecutivo tiene competencia exclusiva para modificar los anteproyectos institucionales.
Caída de ingresos y el rol de la Asamblea
Hacienda justifica el recorte en una caída certificada de ₡373.390,8 millones en los ingresos corrientes del Gobierno Central para 2026, avalada por la Contraloría General. La atribuye a un menor crecimiento del PIB nominal (de 5,69% a 3,51%), una inflación baja (1,98%) y la apreciación del colón frente al dólar (-8,84%), factores que habrían frenado la recaudación de renta, IVA y consumo selectivo.
El conflicto ahora pasa a la Asamblea Legislativa junto con la modificación al presupuesto nacional. El propio Ministerio de Hacienda reconoció que el Ejecutivo solo tiene potestad de iniciativa, y que la decisión final sobre el recorte, rubro por rubro, es de los diputados.