Recorte dejará al OIJ sin recursos para comprar armas, munición y chalecos
El recorte y bloqueo de recursos que planteó el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial para 2027 dejaría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sin capacidad para comprar y sustituir chalecos, armas y munición, para lo cual se requieren alrededor de ₡402 millones.
El presupuesto de todo el sector público que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa propone un recorte directo de ₡10.542 millones, sumado al congelamiento de ₡29.844 millones mediante trabas administrativas, lo que dejaría en jaque la lucha contra el crimen organizado.
Del monto reducido para el próximo año, ₡8.684 millones corresponden al OIJ. También existe un alto riesgo de afectación o suspensión de determinadas pericias de ciencias forenses y medicina legal si no se cuenta con la cobertura presupuestaria suficiente.
Otra de las situaciones adversas radica en que el OIJ no podría hacer frente al pago de alquileres en los complejos Torrelex y Torres, donde laboran más de 500 funcionarios, con el consiguiente riesgo de impago.
La policía judicial también se quedaría sin recursos suficientes para cubrir la alimentación de las personas detenidas en celdas judiciales, lo que representa un impacto de ₡160 millones y genera el riesgo de que no se cumplan los contratos existentes.
También se identifican afectaciones transversales en tecnología, equipos, sistemas especializados, telecomunicaciones y seguridad de la información, lo que expondría las investigaciones a riesgos como ataques informáticos.
En una reciente exposición ante la Corte Plena, el director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que esto provocaría una crisis operativa que dejaría al Organismo sin municiones, con chalecos antibalas vencidos, una flotilla vehicular en colapso y una fuga de personal que incluye desde investigadores tácticos hasta médicos forenses.
El OIJ ya no cuenta con suficientes fusiles para hacer frente al crimen organizado y, según Soto, los recortes tan severos y direccionados dejarían a la institución sin municiones. A esto se suma el estado crítico del equipo de protección personal, como los 1.342 chalecos que expiran entre el próximo año y 2028.
El director advirtió que sin los recursos no se puede enviar a los agentes a la calle sin chaleco, y por eso prefiere asumir las consecuencias de esa disposición a que el recorte le cueste la vida a un oficial.
A esto se suma el bloqueo de 810 plazas vacantes, más las que se acumulen en 2027 por jubilaciones, renuncias u otras causas. Esta norma prohíbe disponer de ellas, a menos que se presente un estudio de costo-beneficio justificado ante la Contraloría General de la República (CGR), con conocimiento de la Corte Plena y aprobación de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, el cual debe actualizarse trimestralmente.
Una norma presupuestaria impuesta por Hacienda, además, prohíbe realizar traslados entre subpartidas y exige un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa para cualquier movimiento. Esto reduce drásticamente la flexibilidad para gestionar los recursos del OIJ ante necesidades imprevistas.
Otra norma establece el bloqueo y la posterior liberación tardía de recursos, lo que genera el riesgo de una subejecución inducida. Aunque autoriza hasta un 10 % de subejecución y prohíbe utilizarla para reducir presupuestos futuros, no evita que ocurran interrupciones de servicios o incumplimientos contractuales durante el año.