Rechazan recusación: jueces continuarán a cargo de juicio por caso La Trocha
Un tribunal de alzada rechazó la recusación en contra de los tres jueces que están a cargo de celebrar el juicio por "La Trocha", considera el primer mega escándalo de corrupción en obra pública. De esta forma, los juzgadores podrán seguir.
Los defensores públicos designados para representar a varios imputados, solicitaron más tiempo para poder estudiar el expediente penal y prepararse, pero como los jueces no avalaron la petición de varias semanas, entonces intentaron apartarlos con una recusación.
Durante semanas, la audiencia oral y pública estuvo estancada ante la negativa de José Miguel Villalobos —abogado, amigo y asesor del mandatario Rodrigo Chaves—, quien se negó a presentarse, pese a que ocho de los imputados eran sus clientes.
El 8 de abril, los jueces declararon el abandono de defensa por parte de Villalobos y procedieron a apartarlo del proceso, según lo permite la ley. Posteriormente, el 24 de abril, el Tribunal Penal de Goicoechea ordenó asignar defensores públicos para los implicados que quedaron sin abogado.
A estos se les otorgó un plazo mientras se realizaba la designación y los nuevos defensores estudiaban el expediente para prepararse de cara al juicio.
El 6 de mayo, debía reiniciarse el proceso con la lectura de la acusación del Ministerio Público y, así, dar el banderazo oficial al juicio.
No obstante, los defensores presentaron una serie de peticiones para posponer el inicio del debate hasta el mes de agosto, pero esa solicitud fue rechazada. Los jueces concedieron, en cambio, diez días hábiles adicionales para el estudio del caso y la preparación de la estrategia de defensa.
Además, los juristas solicitaron variar el horario del juicio. Para facilitar la participación de José Miguel Villalobos, se había determinado celebrarlo entre 4:30 p. m. y 7:30 p. m.; sin embargo, al haberse apartado, ya no sería necesario el turno vespertino.
El tribunal rechazó esa petición y determinó mantener el horario. No obstante, los defensores presentaron nuevos recursos para insistir en lo mismo. Ahora el juicio iniciará el 26 de mayo.
Abogado de Chaves
Los primeros meses de retraso ocurrieron debido a que José Miguel Villalobos —amigo del mandatario Chaves— se negó a asistir, ya que prefirió dedicarse a defender en otro juicio a José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, un supuesto cabecilla de Pérez Zeledón acusado de narcotráfico, quien, junto con otros seis clientes de Villalobos, enfrenta un proceso por presuntamente integrar un esquema de legitimación de capitales.
A pesar de las facilidades brindadas por el Poder Judicial —como reducir el horario del juicio por el caso Fénix en el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) para que pudiera movilizarse entre un juicio y otro—, Villalobos se negó a asistir.
Ahora se expone a un castigo ante el Colegio de Abogados debido al abandono de defensa. Esta falta grave puede sancionarse con la suspensión para ejercer la profesión durante un lapso de un mes a un año, así como con el pago de una suma equivalente al costo de las audiencias que debieron repetirse por su ausencia.
El caso La Trocha se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012, cuando la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
La administración Chinchilla Miranda planteó la construcción de la ruta nacional 1856, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, como parte de una posible solución tras la invasión del país vecino a isla Calero en octubre de 2010.
El Ministerio Público acusó en 2017 a 26 personas, pero solicitó el sobreseimiento tanto para la expresidenta Chinchilla como para el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
El debate es contra 14 personas de apellidos Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública. El juicio contará con el testimonio de 109 personas.