Rafael Ortiz pasará de embajada en Reino Unido a representación ante OCDE

22 de Jul. 2026 | 6:23 pm

El Gobierno designó este miércoles al exdiputado y precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rafael Ortiz Fábrega, como nuevo embajador de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Francia, tras ocho años al frente de la representación diplomática del país en el Reino Unido. El nombramiento será efectivo a partir del 1.° de setiembre.

Ortiz fue nombrado embajador en el Reino Unido en 2018 por la administración de Carlos Alvarado Quesada y posteriormente fue ratificado por el gobierno de Rodrigo Chaves, cargo que desempeñó durante los cuatro años de esa administración.

El abogado y político socialcristiano fue diputado del PUSC durante el período 2014-2018 y ocupó la presidencia de la Asamblea Legislativa entre 2015 y 2016. Además, participó como precandidato presidencial de esa agrupación política de cara a las elecciones nacionales de 2018.

Su nombramiento se suma al de otras figuras del PUSC que ocupan cargos en el actual Gobierno. Entre ellos figuran el ministro de Costas, Mares y Pesca, Carlos Andrés Robles; la directora nacional de CEN-CINAI, María Marta Carballo; y la directora de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud, Melina Ajoy. Además, el PUSC ha mantenido coincidencias con el oficialismo en distintos proyectos e iniciativas impulsadas tanto por el gobierno de Rodrigo Chaves como por la administración de Laura Fernández en la Asamblea Legislativa.

Según informó el Gobierno, Ortiz asumirá la representación del país ante la OCDE en una etapa orientada a fortalecer la participación de Costa Rica dentro del organismo internacional y maximizar los beneficios derivados de su membresía.

La agenda que impulsará el país estará enfocada en promover políticas relacionadas con la competitividad, la productividad, la atracción de inversión, el desarrollo del talento humano, la transformación digital, la mejora regulatoria y la eficiencia del Estado.

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