¿Qué propone el proyecto de inspección laboral que ministra cuestionó por “propósito escondido”?
El borrador de proyecto de ley que la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, pidió desechar por considerar que tenía un "propósito escondido", no solo planteaba la creación de asesores privados para revisar el cumplimiento de la legislación laboral en empresas e instituciones.
La propuesta también contemplaba un sistema de certificaciones, mayores facultades para la Inspección de Trabajo, un nuevo régimen de sanciones con multas de hasta 50 salarios base —equivalentes actualmente a ₡23,1 millones— y la posibilidad de ordenar el cierre preventivo de centros de trabajo en casos considerados graves.
El documento, de 44 páginas, fue elaborado durante la administración de Rodrigo Chaves Robles (2018-2022) como base para una eventual reforma al sistema de inspección laboral. Sin embargo, nunca fue presentado a la Asamblea Legislativa y quedó en fase de borrador.
La iniciativa volvió a discusión luego de que fuera analizada en la primera sesión del Consejo Superior de Trabajo durante el actual gobierno, órgano tripartito adscrito al Ministerio de Trabajo e integrado por representantes del Gobierno, el sector empleador y las organizaciones sindicales.
En esa reunión, tanto sindicatos como empresarios cuestionaron la propuesta y la ministra Solórzano aseguró que el texto debía quedarse "en la basura donde debe estar", porque entendía que detrás existía "un propósito escondido".
Asesores privados
La principal novedad del proyecto era la creación de los llamados asesores de cumplimiento laboral.
Se trataba de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, acreditadas por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo para verificar si las empresas cumplían la legislación laboral.
Según el borrador, estos asesores serían capacitados por el propio Ministerio de Trabajo y podrían evaluar centros de trabajo, identificar incumplimientos y recomendar las correcciones necesarias.
Una vez concluida esa revisión, sus informes podrían servir como base para que la Dirección Nacional de Inspección emitiera un certificado oficial de cumplimiento, previa verificación por parte del Ministerio.
El proyecto aclara que esos asesores no sustituirían las funciones de la Inspección de Trabajo y que el Ministerio conservaría la facultad de realizar inspecciones de oficio o por denuncia, aun cuando una empresa hubiera sido evaluada previamente por un asesor privado.
No obstante, precisamente esa figura fue la que concentró la mayor parte de las críticas.
Durante la discusión en el Consejo Superior de Trabajo, el representante sindical Olman Chinchilla afirmó que la iniciativa abría espacio para la tercerización de funciones públicas.
"Aquí había un grupo de jerarcas que tenían una empresa que brindaba servicios y con este proyecto querían consolidarla para tercerizar sus servicios y asignarlos a algunas empresas. Eso nos genera desconfianza y hace la propuesta inviable", manifestó.
El entonces ministro de Trabajo de la actual administración, Roy Thompson, coincidió en que la redacción del borrador generaba dudas jurídicas.
"Me parecía que ese borrador, con esa redacción, era inconstitucional y chocaba contra el principio de legalidad, en el sentido de que privados, terceros, personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, podían ejercer competencias que la ley del Ministerio de Trabajo le otorga al Ministerio", afirmó el exjerarca.
Más atribuciones para la Inspección
El borrador también fortalecía las facultades de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.
Entre otras medidas, autorizaba inspecciones sin previo aviso, ampliaba las potestades de investigación de los inspectores y permitía contratar especialistas externos para apoyar investigaciones complejas.
Multas de hasta ₡23 millones
El proyecto también reformaba el régimen de infracciones y sanciones.
Las faltas se clasificaban en leves, graves y muy graves, con multas que iban desde uno hasta 50 salarios base, según la gravedad de la infracción.
Tomando como referencia el salario base vigente de ₡462.200, las sanciones oscilarían entre ₡462.200 y ₡23,1 millones.
Las infracciones leves serían sancionadas con multas de entre uno y diez salarios base; las graves, entre 11 y 25 salarios base; y las muy graves, entre 26 y 50 salarios base.
El borrador también contemplaba un procedimiento judicial más expedito para agilizar el cobro de esas multas y establecía que los recursos obtenidos se destinarían a un fondo para fortalecer el sistema nacional de inspección laboral.
Cierre preventivo de empresas
Otro de los cambios propuestos era la posibilidad de ordenar el cierre preventivo de centros de trabajo cuando existiera un peligro inminente para la vida o la integridad física de los trabajadores, así como en casos relacionados con violencia o trata de personas.
Certificaciones e incentivos
El proyecto creaba un sistema de certificaciones laborales.
El Ministerio de Trabajo podría otorgar certificados oficiales de cumplimiento a las empresas que superaran satisfactoriamente un proceso de inspección.
Paralelamente, el texto regulaba la operación de certificadoras privadas, las cuales deberían contar con autorización previa del Ministerio para ofrecer esos servicios.
También planteaba un sistema de reconocimientos sociolaborales para empresas e instituciones públicas que demostraran buenas prácticas laborales.
Entre los beneficios propuestos figuraban distintivos oficiales, promoción por parte del Ministerio de Trabajo, prioridad en programas de capacitación e incentivos en procesos de contratación pública.
Según el texto, la incorporación de asesores de cumplimiento y certificaciones permitiría que la Inspección de Trabajo concentrara sus recursos en los casos de mayor complejidad, sin sustituir las competencias que la ley le asigna como autoridad inspectiva.
Sin embargo, ese planteamiento no convenció a quienes analizaron el borrador en el Consejo Superior de Trabajo.
Además de los sindicatos, el sector empresarial también expresó reservas. Jorge Luis Araya, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), catalogó la propuesta como "una ocurrencia" y cuestionó quién asumiría el costo del nuevo esquema y si quienes pagaran esos servicios podrían obtener algún trato preferencial.
"Ciertamente es algo que a nosotros nos genera un estrés bastante grande. No se sabe quién lo va a pagar y si quien lo pague va a tener entonces alguna posición de privilegio", comentó.
Finalmente, la ministra Solórzano pidió desechar el documento al considerar que respondía a un "propósito escondido", mientras que Thompson sostuvo que, con la redacción propuesta, existía el riesgo de trasladar a particulares competencias que, por ley, corresponden exclusivamente al Ministerio de Trabajo.
CR Hoy procuró durante toda la semana obtener la versión de la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Asimismo, solicitó a la oficina de prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) coordinar una entrevista, pero al cierre de esta publicación la gestión no había sido atendida.