Proyecto para incentivar denuncias contra corrupción no incluye premio ofrecido por el Gobierno
Diputada del PPSD, Pilar Cisneros. (Foto: Asamblea)
(CRHoy.com) Aunque fue promesa de campaña del presidente Rodrigo Chaves, el Gobierno omitió incluir, en su proyecto estrella de combate a la corrupción, la recompensa económica que se le daría al llamado "testigo de la corona", es decir, a aquellos que denuncien los hechos corruptos.
Se trata del expediente 23.104 "Ley de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción", que Casa Presidencial envió al Congreso el pasado 10 de mayo, junto a otro expediente que busca eliminar 15 órganos desconcentrados de varios ministerios, iniciativas que el Gobierno anunció con bombos y platillos.
En su plan de gobierno, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) indicó sobre el tema de combate a la corrupción: "Promoveremos la aprobación de una ley de protección al denunciante, con recompensas económicas cuando el Estado recupera fondos por los casos cuestionados".
Pero el texto presentado a la corriente legislativa no incluye por ningún lado la recompensa económica para los que denuncien.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, incluso lo mencionó como una de las propuestas de su gobierno y mencionó, en específico, la retribución económica que incluirían en la ley para los denunciantes.
El texto presentado de ocho páginas se compone de tres artículos y básicamente aplica una reforma al artículo 22 del Código Procesal Penal que dice lo siguiente:
Principios de legalidad y oportunidad. El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública, en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron del hecho, cuando:
e) Se trate de funcionarios públicos o de personas privadas que denuncien hechos cometidos por personas físicas o jurídicas que atenten contra la Administración de Justicia, los Deberes de la Función Pública, la Hacienda Pública o el Deber de Probidad; siempre que:
- La conducta del funcionario público o de la persona privada que denuncia, sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.
- Que la información suministrada sea útil, pertinente y eficaz para:
- Evitar que continúe el delito o se perpetren otros;
- Ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos;
- Pruebe la participación de otros imputados.
- No será eximida la responsabilidad civil o penal derivada de ley 9699 en la que incurran las personas jurídicas para las que laboran las personas privadas denunciantes.
No estaba listo
Consultada sobre el tema, la jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, reconoció que el texto no incluye el detalle de la promesa de la recompensa económica, porque no "estaba listo", pero que sí lo incluirán dentro del proyecto, vía moción en su momento.
"Nosotros lo que queremos es avanzar, si nosotros nos ponemos a hacer proyectos integrales, usted sabe lo que pasa aquí en la Asamblea, bueno el proyecto de jornada laborales tiene 22 años, entonces preferimos ir paso a paso y por la primera y todo dijimos entonces vamos primero por esta parte", explicó Cisneros.
La legisladora prometió que ya están trabajando para incluir ese elemento en el proyecto, vía moción, una vez que este se comience a conocer en la comisión que se le asigne.
En principio, para poder otorgar una recompensa económica, primero se deberá pasar por todo el proceso judicial del caso y una vez que el Estado recupere los recursos se le daría el "premio" a los denunciantes.
Aún no se ha anunciado a cuál comisión se dirigiría este proyecto para su discusión.