Diputados buscan aclarar últimas dudas de proyecto de Avales
La diputada Ana Lucía Delgado, del PLN, dijo que la información suministrada por el BCIE es vital. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios buscan aclarar las últimas dudas que tienen del proyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Avales y Garantías.
Así lo manifestaron las legisladoras Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tras las explicaciones que brindaron representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que aportará los recursos para la operación del fondo mediante un crédito internacional de $300 millones.
Ambas dijeron que aún están pendientes las respuestas de consultas que la Comisión de Asuntos Hacendarios hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Los legisladores pidieron opinión a la Procuraduría sobre la posibilidad legal de que el BCIE ejerza como fiduciario local del fideicomiso que se constituiría para financiar el Fondo Nacional de Avales y Garantías.
Este martes, Mauricio Chacón Romero, jefe en Costa Rica del BCIE, aclaró a los congresistas que si se acepta que la entidad sea el fiduciario, estaría sujeto a toda la normativa y fiscalización del país.
El otro criterio que esperan es el de la Sugef sobre la disponibilidad de los recursos para el Fondo.
Delgado, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó que el proyecto de ley debe estar enfocado en la eficiencia y en la garantía de que las personas físicas o jurídicas con proyectos productivos, cuyos ingresos se han visto afectados por la pandemia, puedan acceder al financiamiento bancario.
"La audiencia del BCIE nos da mayores elementos para finalizar el debate y la discusión de este importante instrumento financiero que debe llegar a la mayor cantidad de empresas y personas posible, y al mismo tiempo que se configura la institucionalidad necesaria para el resguardo y buen uso de los recursos durante estos 15 años", dijo la liberacionista.
Sostuvo que la información proporcionada por el BCIE sobre su capacidad jurídica de fiduciario, los costos administrativos eventualmente asumidos por el banco, así como la institucionalidad para el otorgamiento de los avales y su ejecución es vital para definir el futuro de la iniciativa de ley que se tramita bajo el expediente 22.144.
La legisladora María Inés Solís, del PUSC, destacó la importancia de la información que suministre la Sugef. (Archivo/CRH).
Solís, por su parte, dijo que las explicaciones de los representantes del BCIE fueron claras.
"Ahora estamos a la espera de la respuesta de la Sugef sobre la disponibilidad de los recursos", manifestó la socialcristiana.
Esto, porque el Gobierno ha indicado que solo utilizaría un 20% de los recursos del préstamo en el primer año de operación del Fondo Nacional de Avales y Garantías y dejaría comprometido el presupuesto para los siguientes cuatro años.
El Fondo Nacional de Avales y Garantías pretende promover y facilitar el acceso al financiamiento bancario para las personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales afectadas por la pandemia del COVID-19, y así ayudar a la reactivación económica del país y la conservación del empleo.
Sería gestionado a través de un fideicomiso estructurado por el Ministerio de Hacienda en condición de fideicomitente. El BCIE, que aportará los recursos, sería el fiduciario.
El Estado respondería por las empresas o personas con proyectos productivos bajo el compromiso de que los patronos mantengan la cantidad de empleados.
La cobertura no podría exceder el 70% de la pérdida máxima esperada de la cartera por grupo homogéneo de riesgo ni el 70% de cada operación avalada.
La iniciativa de ley también se encuentra en su etapa final de análisis de mociones al texto, pero el crédito suscrito por el Gobierno con el BCIE debe ser aprobado antes del 15 de junio por el Plenario Legislativo.