Proyecto busca suavizar penas a adictos usados para trasiego

Aplicaría a personas en condición de pobreza extrema explotados por organizaciones criminales

Marco Vinicio Redondo

El diputado Marco Vinicio Redondo (en el centro) insistió que no se puede castigar igual a adictos utilizados por organizaciones criminales. (CRH)

Un proyecto de ley pretende suavizar las penas que se aplican a adictos explotados por organizaciones criminales para el trasiego de drogas.

La iniciativa, presentada por el diputado Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), establece una sanción de tres a diez años de cárcel.

Pero aplicaría si se demuestra una o varias de las siguientes condiciones:

  • Quien por su condición de consumo problemático de sustancias psicoactivas, condición de pobreza extrema o situación de vulnerabilidad haya sido utilizado o explotado por un tercero o por una organización criminal.
  • Quien por las mismas razones haya sido utilizado para transportar droga e introducirla a centros penales.
  • Cuando en los hechos imputados se determine que la persona ofensora tenía una condición de consumo problemático de sustancias psicoactivas, condición de pobreza extrema o situación de vulnerabilidad y ocupe un rol no significativo en una organización criminal.

Según la propuesta, si se determina alguna de las condiciones anteriores, el juez podría imponer la pena en alguna de las siguientes modalidades:

  • Detención domiciliaria con salida permitida para fines de educación, capacitación, salud, laboral u obligaciones familiares comprobadas.
  • Arresto domiciliario con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier otra pena alternativa.
  • Se podrá aplicar la justicia restaurativa para resolver el conflicto penal generado por el delito.

Quedarían excluidos del beneficio quienes se les demuestre que hayan ejercido grave violencia física, hayan utilizado armas de fuego o hayan involucrado a un menor de edad en los hechos imputados.

La legislación penal vigente establece penas de ocho a 15 años contra quienes distribuyan, comercien, suministren, fabriquen o almacenen drogas.

El legislador explicó que el propósito del proyecto es establecer proporcionalidad en la aplicación de las penas en el sentido de que a los adictos explotados por organizaciones criminales no se les puede castigar de la misma forma que a los narcotraficantes.