Programa de UCR cuestiona secreto de Estado sobre seguridad
Plaza de la Libertad de Expresión de la UCR. Laura Rodríguez
El decreto del Gobierno que declaró secreto de Estado toda la información táctica, financiera y operativa relacionada con organismos de seguridad limitaría el acceso a información de interés público y afectaría la fiscalización ciudadana y periodística sobre las actuaciones del Estado, según el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El decreto comprende asuntos relacionados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo gubernamental denominado "Fuerza Élite".
Proledi señaló que el país carece de una legislación que regule integralmente el secreto de Estado y cuestionó que una restricción de esta magnitud se establezca mediante un decreto.
El programa recordó que la Constitución Política contempla los secretos de Estado como una excepción al acceso a información de interés público, pero considera que esto no otorga al Ejecutivo una potestad ilimitada para determinar qué información queda fuera del conocimiento público.
Información sobre contrataciones
Proledi también cuestionó el alcance de la información incluida en la declaratoria, pues abarca expedientes de contratación administrativa, identidades de proveedores, contratos adjudicados y aspectos relacionados con su ejecución.
Además, el decreto establece deberes de confidencialidad para funcionarios públicos y agentes privados vinculados con la información reservada.
El programa advirtió que el decreto no establece por cuánto tiempo permanecerá reservada la información y considera que el Gobierno no justificó suficientemente todas las restricciones impuestas.
La presidenta Laura Fernández firmó el decreto el 27 de julio y este se publicó en La Gaceta el 10 de agosto. La declaratoria ya generó cuestionamientos jurídicos y políticos, y también fue impugnada mediante un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
Para Proledi, restringir el acceso a esta información puede afectar el control democrático y el ejercicio de la libertad de prensa.
"El secreto de Estado debe ser una excepción estrictamente delimitada y debidamente justificada, nunca un mecanismo para sustraer del conocimiento público actuaciones relacionadas con el ejercicio de las competencias estatales", concluyó el programa.