¿Qué asuntos declaró Fernández como “secreto de Estado”?

Créditos: Asamblea Legislativa

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, firmó recientemente un decreto que declara "secreto de Estado" una amplia gama de asuntos tácticos, financieros y operativos relacionados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo gubernamental denominado "Fuerza Élite".

El decreto se publicó este lunes 10 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta, aunque fue firmado el 27 de julio de este año.

¿Qué información abarca el decreto?

• Todos los informes, documentos, archivos o datos vinculados con esos tres órganos.
• La articulación institucional, las coordinaciones y los planes de protección derivados del Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios.
• Información sobre las formas de operación de la delincuencia organizada y las dinámicas policiales de prospección y despliegue.
• Las capacidades operativas, los procedimientos especiales, los planes de respuesta, los protocolos de intervención y las estructuras de mando.
• La no divulgación de detalles sobre los recursos tecnológicos empleados, los mecanismos de inteligencia, los protocolos utilizados para evaluar la confiabilidad de los cuerpos de seguridad ni la totalidad de sus resultados.
• Las bitácoras de acuerdos.
• Las presentaciones sobre estrategias policiales.
• Las sesiones, las reuniones, las grabaciones, los planes y los acuerdos concretos generados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS o la "Fuerza Élite".
• Cualquier "acción u operación" relacionada con la seguridad y la defensa nacionales que la Presidencia de la República ordene o coordine directamente.

Presupuestos y compras públicas

En materia presupuestaria y financiera, no se divulgará:

• Información sobre los planes presupuestarios, las partidas y los rubros de inversión destinados a la seguridad y la defensa nacionales.
• La totalidad de los expedientes administrativos relacionados con compras públicas. Esto incluye estudios previos, requerimientos técnicos, estudios de mercado, ofertas, adjudicaciones, fuentes de financiamiento, identidades de proveedores o subcontratistas, contratos y fases de ejecución.

La medida se aplicará independientemente de si los contratos se suscriben con instituciones estatales, entes públicos no estatales, consorcios o empresas privadas, nacionales o extranjeras.

¿Cuál es el fundamento del decreto?

El Poder Ejecutivo fundamenta la declaratoria de "secreto de Estado" en razones de necesidad pública, táctica y constitucional. Entre sus argumentos se encuentran:

• Combate contra el crimen organizado: el aumento del narcotráfico, el sicariato y los homicidios exige una planificación de inteligencia confidencial y una rápida capacidad de reacción.
• Protección de vidas: revelar planes, tecnologías o las identidades de proveedores involucrados en compras públicas podría exponer a policías, funcionarios y sus familias a amenazas de muerte o represalias.
• Bloqueo de ventajas tácticas: mantener la información en secreto impediría que las organizaciones criminales detecten debilidades del Estado, anticipen operativos o evadan controles.
• Fundamento constitucional: los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y la jurisprudencia de la Sala Constitucional permiten restringir el acceso a información pública cuando se declara secreto de Estado para proteger la seguridad nacional.

Abogados cuestionan constitucionalidad del decreto

Tres abogados penalistas consideran que el decreto ejecutivo es inconstitucional. Además, advierten que representa un precedente peligroso para una democracia en la que debe prevalecer la transparencia.

Rodolfo Brenes explicó que Costa Rica no cuenta con una regulación específica sobre esta materia, pese a que la Sala Constitucional ha reconocido la figura del "secreto de Estado". A su criterio, el decreto lesiona la libertad de expresión e impide acceder a información de interés público.

Según el jurista, el ámbito de aplicación promovido por el Poder Ejecutivo es tan amplio que limita cualquier posibilidad de control ciudadano sobre las actuaciones estatales, y "eso en una democracia tampoco se puede".

Por su parte, Gerardo Huertas considera necesario actuar con cautela ante la figura impulsada por el Poder Ejecutivo, pues no cualquier asunto puede declararse "secreto de Estado".

Huertas manifestó preocupación por el momento en que se publicó el decreto, justo cuando trascendió un informe de inteligencia que vincula a 122 policías de la Zona Sur con actividades relacionadas con el crimen organizado.

Finalmente, el exfiscal general Francisco Dall'Anese calificó el decreto como "totalmente inconstitucional", pues considera que el Poder Ejecutivo carece de competencia para determinar qué constituye un secreto de Estado.

El exfiscal recalcó que no toda la información relacionada con la DIS o la "Fuerza Élite" puede clasificarse automáticamente como un asunto de seguridad nacional o defensa del país.

"Si la DIS se utiliza, por ejemplo, como policía política, no podría bajo concepto alguno clasificar como seguridad nacional o defensa del país. Por eso no puede cerrarse herméticamente, en bloque, todo lo relativo a inteligencia y seguridad nacional bajo la restricción del secreto de Estado", explicó.