Proceso contra excongresista que ofreció embajada deberá reiniciar tras perder inmunidad
El juicio que estaba previsto contra el exdiputado oficialista Alexander Barrantes quedó sin efecto luego de que perdiera el fuero de improcedibilidad penal, conocido como inmunidad. Ahora, el proceso deberá tramitarse por la vía ordinaria, lo que retrasaría el debate que ya estaba listo para iniciar, pero que fue interrumpido debido a una incapacidad del exlegislador chavista.
La Fiscalía General acusa a Barrantes Chacón del delito de cohecho impropio, por presuntamente ofrecer plazas en embajadas y cargos públicos a la exdiputada Sofía Guillén a cambio de que el Frente Amplio apoyara la aprobación de los eurobonos en 2022.
El juicio estaba programado para enero de 2026. Sin embargo, Barrantes se incapacitó durante una semana y el debate tuvo que reprogramarse. La nueva fecha no se fijó antes del 1.° de mayo y, con la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, el exdiputado perdió su fuero especial.
La Sala Tercera de Casación Penal confirmó que ya inició el proceso para remitir el expediente a la vía judicial ordinaria, con el fin de que continúe su trámite regular y concluya el procedimiento especial aplicable a miembros de los Supremos Poderes.
Esto implica que el caso retornará a la Fiscalía General, ya que sobre Barrantes dejó de aplicarse el procedimiento especial reservado para integrantes de los Supremos Poderes.
Una vez dentro del Ministerio Público, el expediente pasará del despacho del fiscal general, Carlo Díaz, a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), encargada de investigar casos de corrupción vinculados con funcionarios o exfuncionarios públicos.
La exdiputada Guillén denunció a Barrantes luego de que, durante una reunión en el Congreso, este le solicitara un espacio para conversar sobre el proyecto de ley que buscaba autorizar al Ministerio de Hacienda a contraer deuda por varios miles de millones de dólares.
En ese encuentro, presuntamente le ofreció plazas en el Poder Ejecutivo o en embajadas —vacantes en ese momento— a cambio del respaldo del Frente Amplio para aprobar la emisión de deuda externa.
CR Hoy reveló que la Procuraduría General de la República, entidad que actúa como abogada del Estado, solicitará una indemnización de ₡10 millones durante el juicio. La institución presentó una querella —acusación particular— y una acción civil resarcitoria adjuntas a la acusación planteada por la Fiscalía.