Viceministro que sacó a la PCD de puertos y fronteras será fiscal adjunto

Manuel Jiménez Steller.
Manuel Jiménez Steller, el viceministro que retiró a la Policía de Control de Drogas (PCD) de puertos y fronteras, dejó el gobierno y regresa a su plaza como fiscal adjunto de Puntarenas, según confirmó el fiscal general Carlo Díaz.
Las decisiones de Jiménez Steller en el Ministerio de Seguridad fueron cuestionadas por exdiputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y por expertos como el exministro Gustavo Mata, quienes alegaron que mover a las policías fue un "desacierto total".
Además del caso de la PCD, Jiménez Steller retiró al Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake de la Zona Sur, y ordenó el traslado de la estación de Sixaola hacia el cantón central de Limón.
Investigación pendiente
Mientras Jiménez se desempeñe en ese cargo, continuará la causa penal en su contra por el delito de procuración de impunidad, relacionada con un sobreseimiento que firmó a favor de miembros de una organización criminal vinculada al decomiso de 2,5 toneladas de cocaína.
CR Hoy consultó a la oficina de prensa del Ministerio Público y a la Inspección Judicial sobre el desarrollo de la causa, pero en ambos casos no hubo respuesta al cierre de esta edición.

Captura del video donde la embarcación encalla en playa Cangrejos de Limón, al llegar las autoridades los sospechosos huyeron.
Seis hombres fueron detenidos, en diciembre del 2020, tras un decomiso de 2,5 toneladas de cocaína. La Fiscalía de Limón solicitó un año de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación por tráfico internacional de drogas, pero tras cumplirse ese plazo quedaron en libertad.
Dos meses más tarde, Jiménez Steller —entonces fiscal adjunto de Limón— firmó una solicitud de sobreseimiento a favor de todos, alegando falta de pruebas para llevarlos a juicio.
Sin embargo, tras una enmienda jerárquica se determinó que sí existían elementos suficientes y se ordenó trasladar el caso a la Fiscalía de Delincuencia Organizada, donde se revisó el expediente.
Apenas una semana después del sobreseimiento inicial el caso fue reactivado y avanzó hasta que en 2025 se ordenó el juicio.
En un comunicado del 7 de agosto de 2025, Jiménez Steller defendió su decisión al señalar que realizó un "análisis exhaustivo" de los elementos y que no había forma de establecer vínculos entre los detenidos y los hechos investigados.
"El sobreseimiento se basó entonces en un proceso de investigación profesional, exhaustivo y transparente, lo cual fue ratificado por el voto de la Inspección Judicial, en sede administrativa", dijo en ese momento.