Las ocho cuadras en Hatillo que son el “autoservicio” de la droga en San José
"El bunker es toda la comunidad", dice fiscal de narcotráfico
Un equipo de CR Hoy ingresó a María Reina en Hatillo, comunidad catalogada por las autoridades como el Cenada de las drogas.
En ocho cuadras del barrio María Reina, en Hatillo, funciona un autoservicio de droga que opera las 24 horas. En la estrecha calle principal del barrio, vehículos hacen fila mientras vendedores se acercan a las ventanas para ofrecer cocaína y crack.
Javier Valerio, fiscal adjunto de Narcotráfico, relató a CR Hoy su experiencia al ingresar encubierto a la zona en una operación para recopilar pruebas sobre las estructuras criminales que dominan el barrio.
Mientras permanecía en el vehículo, como cualquier comprador, un vendedor se acercó y le ofreció múltiples opciones.
La organización del mercado es tal, que las estructuras venden bolsas selladas al vacío y hasta hacen promociones para compradores que quieran revender. Distribuyen desde puntas de cocaína hasta piedras de crack.
"Parece el Cenada de las verduras. Este es el Cenada de la droga. Es un mercado a cualquier hora del día, algo realmente increíble y preocupante", relató el fiscal.
Ese día había 7 carros haciendo fila esperando para comprar. Valerio afirmó que en sus 30 años de servicio nunca vio algo igual en el país.
Dispositivos de seguridad con sujetos armados
Expedientes judiciales detallan que las bandas aprovecharon las condiciones geográficas de María Reina —que dificultan el ingreso de las autoridades— para consolidar su operación.
Según la investigación, el acceso a los puntos de venta se realiza por calles angostas, callejones y alamedas donde las bandas ubicaron a los llamados "frenteadores" y "campanas", encargados de alertar sobre la presencia policial o de personas sospechosas.
Los expedientes agregan que el grupo utilizaba radios de corta frecuencia para monitorear los movimientos dentro del barrio.
Cuando detectaban una amenaza, activaban un dispositivo de seguridad integrado por hombres armados que protegían a los cabecillas, el dinero y la droga almacenada.
De acuerdo con el expediente, estas acciones buscan garantizar el funcionamiento de la organización.
Manejan horarios rotativos
Según el fiscal, existen administradores o "jefes de plaza" que trabajan por horarios y controlan quién vende, quién recibe el dinero y quién puede ingresar a determinados puntos.
Los vendedores en calle portan cantidades mínimas para reducir el riesgo en caso de detención. El dinero y los cargamentos cambian constantemente de vivienda para dificultar los allanamientos.
Valerio reconoció que la Fuerza Pública mantiene presencia mediante el programa Tolerancia Cero, pero admitió que es imposible sostener vigilancia permanente en cada punto del barrio las 24 horas.
También aseguró que las ganancias son millonarias: en detenciones recientes, dos sospechosos portaban cadenas de oro valoradas en más de ₡100 millones y artículos de lujo como tenis que superan los ₡3 millones.
12 casas de resguardo
Las autoridades tienen identificadas al menos 12 casas utilizadas para movilizar cargamentos y ocultar droga y dinero, según la última gran intervención policial en la zona.
"El búnker es toda la comunidad", afirmó el fiscal.
Labores de inteligencia de la Fuerza Pública lograron identificar las viviendas donde se cocina la droga.
Valerio destacó además el apoyo de la Policía Municipal, que realiza vigilancia constante y con sistemas de cámaras claves para las investigaciones. También colaboran con la demolición de estructuras utilizadas como puntos de resguardo.
Gran parte de las ventas en María Reina son controladas por la organización Los Lara. Sin embargo, en la zona también operan grupos como Los Gemelos y la banda de Churro, sin conflictos entre ellos gracias a alianzas para controlar el territorio.
Última operación de la PCD
Operación Troya de la PCD.
La operación "Troya", ejecutada por la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía de Narcotráfico, fue una intervención masiva en María Reina que confirmó lo relatado por Valerio.
El operativo incluyó 13 allanamientos simultáneos, más de 200 oficiales y fiscales, así como la captura de vendedores y cabecillas ligados al narcomenudeo en la zona.
"Logramos detener a más de 12 personas que quedaron en prisión preventiva y logramos decomisos importantes. Esto tiene que ver con la venta en esos búnkeres", afirmó Valerio.
Familias afectadas
La situación afecta principalmente a las familias del barrio, en su mayoría personas trabajadoras que conviven a diario con la actividad criminal.
A Valerio le preocupó ver madres caminando con sus hijas de escuela entre escenas de consumo, ventas y expresiones vulgares en la calle principal. Algunas, dijo, sufrían acoso por miembros de las organizaciones criminales.
"Son personas decentes que prácticamente viven encerradas porque no pueden salir tranquilas", señaló.
También mencionó que muchos padres temen que sus hijos adolescentes sean reclutados por las estructuras criminales.
Caso Pioja
Del mismo barrio surgió el caso "Imperio", que investiga a la organización liderada por Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias "Pioja", señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del narcotráfico en San José.
Según la Fiscalía y el OIJ, el grupo controlaba la venta de drogas en María Reina y otros sectores de la capital con una organización que funcionaba como empresa, con administradores, vendedores, cobradores, pagos fijos y hasta vacaciones para sus integrantes.
Las autoridades estiman que la organización generaba hasta ¢100 millones semanales por narcomenudeo.
La investigación también reveló que la banda utilizaba negocios y sociedades para lavar dinero del narcotráfico, mientras Rodríguez Chaves vivía en un apartamento de lujo en La Sabana.
Entre los puntos intervenidos destacó el Hotel La Fortuna, en el centro de San José, que —según la acusación— funcionaba como un búnker de tres pisos para almacenamiento, dosificación y venta de droga.
El caso se destapó en julio de 2022, tras 32 allanamientos simultáneos realizados por el OIJ y la PCD, en los que decomisaron armas, drogas, dinero en efectivo y bienes de lujo.
Actualmente, "Pioja" y cerca de una veintena de imputados están en juicio por este caso.