Presidente de la Corte ve roces en beneficios de pensiones
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, compareció ante los diputados. (CRH)
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, admitió este miércoles que los beneficios que reciben los funcionarios del Poder Judicial en sus pensiones no guardan coherencia con el principio de igualdad establecido en la Constitución Política.
El magistrado se refirió al tema esta mañana en la Comisión Especial de Regímenes de Pensiones de la Asamblea Legislativa.
Allí compareció para explicar las razones por las cuales la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial pidió a la Universidad de Costa Rica (UCR) incluir ₡13.500 millones de recursos ociosos de depósitos judiciales como ingresos adicionales en las proyecciones del estudio actuarial que sirve de sustento técnico para la reforma a las pensiones del Poder Judicial.
Al contestar una pregunta de la diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de si es o no coherente con el principio de igualdad el hecho de que el régimen de pensiones del Poder Judicial no tenga tope para evitar jubilaciones de lujo, Chinchilla dijo que no es un trato igualitario para toda la población.
La legisladora afirmó que queda constancia de que la mala administración, por parte del Consejo Superior y de la Corte Plena, ocasionaron un hueco en el fondo de pensiones, que, según el último estudio actuarial de la UCR, asciende a ₡5,3 billones.
Según Guerrero, la Corte aprobó beneficios en el régimen como el llamado "2×1", la "regla cuarta" y el índice salarial de Alta Gerencia. Ambos beneficios han sido parte de la mala administración del régimen que ocasionó el desequilibrio financiero.
El "2×1" permite reducir la edad de jubilación a 55 años descontando un año de edad para pensionarse por cada dos años de servicio para quienes tenían dos años de laborar en el Poder Judicial en 1992, cuando se aprobó este beneficio.
Desde setiembre del año pasado, la Auditoría Judicial advirtió que 641 empleados se jubilaron entre 2010 y 2015, y que no tenían la edad mínima de retiro (55 años) ni 30 años laborados, o ninguna de las dos condiciones.
La regla cuarta consiste en un acuerdo de Corte Plena que permitió a los trabajadores la jubilación anticipada a los 55 años de edad y con un monto de pensión equivalente al promedio de los últimos 12 salarios. Esto ha permitido el pago de más de ₡4 mil millones en pensiones a empleados que recibieron beneficios de jubilación a los cuales no tenían derecho.
La diputada también cuestionó a Chinchilla sobre su voto a favor del incentivo salarial denominado índice de Alta Gerencia, pues él mismo recibe dicho beneficio salarial, el cual es un privilegio salarial financiado con fondos públicos.
La comisión legislativa tendrá que dictaminar a más tardar el 31 de julio el proyecto de reforma a las pensiones del Poder Judicial.