Presidente de la Corte denuncia trabas del Gobierno para liberar presupuesto
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, explicó que, más allá del monto del recorte para el Poder Judicial en 2027, la serie de trabas burocráticas que pretende imponer el Gobierno para transferir el presupuesto que le corresponde a la institución constituye una serie de restricciones que no deberían existir.
La explicación del magistrado llega luego de que la mandataria Laura Fernández anunciara que la reducción del presupuesto para el Poder Judicial del próximo año será menor de la prevista inicialmente por el Ministerio de Hacienda, aunque estableció una serie de condicionantes para la entrega del dinero.
Según la presidenta, la reducción ya no será de ₡27.000 millones, sino de ₡11.000 millones. Sin embargo, la transferencia de ese dinero se liberará en tractos y bajo varias condiciones.
Entre los condicionantes están auditorías al fideicomiso para infraestructura judicial que se encuentra en el Banco de Costa Rica (BCR), una certificación de la Contraloría General de la República y un trámite legislativo en la Comisión de Ingreso y Gasto y en el Plenario para su visto bueno final, antes de que Hacienda desembolse los recursos.
Para Aguirre, las nuevas condiciones restrictivas exclusivas para el Poder Judicial, que exigen aprobaciones adicionales de la Comisión Legislativa, el Plenario y el Ministerio de Hacienda para liberar fondos que ya habían sido aprobados en el presupuesto, constituyen trabas completamente políticas.
Lejos de fiscalizar el gasto, Aguirre califica estas medidas como una intervención. Fiscalizar implica verificar la legalidad del gasto, mientras que condicionar el momento de uso de los recursos, la reorganización de fondos o la gestión de plazas constituye una injerencia administrativa de otros poderes sobre la independencia judicial garantizada por la Constitución.
La postura de la Corte no busca proteger privilegios ni gastos innecesarios, sino garantizar la autonomía técnica y operativa necesaria para cumplir sus funciones constitucionales.
Además, indicó que el Poder Judicial ha cumplido históricamente con la rendición de cuentas, la fiscalización de la Contraloría, las auditorías legales y las normas fiscales, y ha ejecutado siempre más del 95 % de su presupuesto.
La falta de liquidez o de oportunidad en el acceso a los recursos impacta operativamente la investigación criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la tecnología, la protección de víctimas y la efectividad de los tribunales para combatir la delincuencia.
"Este debate no es sobre cuánto dinero se presupuesta al Poder Judicial, es sobre cuándo puede disponer de esos recursos y qué puede hacer con ellos. Defender la capacidad presupuestaria del Poder Judicial es defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía", detalló.