Oficialismo impide al plenario condenar declaración de presidenta sobre “golpe de Estado”
La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) rechazó este lunes una moción para condenar las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien afirmó que existió un supuesto "golpe de Estado" por parte de la Sala Constitucional tras un fallo contra la Asamblea Legislativa.
Fernández calificó de "golpistas" a cuatro magistrados constitucionales que prorrogaron los nombramientos de los magistrados suplentes de la Sala IV, luego del bloqueo que mantiene el oficialismo para designar esas plazas en el Congreso.
La moción, presentada por el PLN, también solicitaba que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiera una aclaración ante la comunidad internacional sobre las manifestaciones de la mandataria.
Este recurso se rechazó con los 30 votos en contra del PPSO, mientras que 25 diputados del bloque democrático la respaldaron.
La diputada liberacionista Diana Murillo calificó las declaraciones de la presidenta como "inaceptables y condenables".
Murillo cuestionó la presentación de la querella, ya que es el oficialismo el que se niega a definir a las magistraturas suplentes, por lo que el Tribunal tuvo que prorrogar los nombramientos.
José Miguel Villalobos, diputado oficialista, dijo que respaldan las declaraciones de la mandataria.
Mientras que, el frenteamplista Antonio Trejos aseveró que es inadmisible hacer alusión a un supuesto "golpe de Estado" en un país donde prevalecen las garantías ciudadanas y el funcionamiento institucional.
El oficialismo mantiene el bloqueo para designar a los nuevos magistrados suplentes de la Sala IV a partir de una nómina de 18 aspirantes, luego de que sus diputados votaran en blanco durante cinco rondas consecutivas y devolvieran la lista a la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones.
Resolución de la Sala IV
La Sala Constitucional resolvió el pasado jueves devolver de inmediato la nómina completa a la Asamblea Legislativa, al anular la resolución de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, de remitir nuevamente la lista a la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal consideró que esa actuación generaba un riesgo de bloqueo institucional y afectaba la garantía de justicia constitucional de quienes acuden a la Sala IV.
En consecuencia, ordenó que la nómina sea sometida a votación en el Plenario Legislativo lo antes posible y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios derivados de la actuación de la Presidencia de la Asamblea Legislativa.
Que mal asesorada está LABURRA, cada vez que abre la boca solo para decir disparates y los 30 que la apoyan son peor que ella.