PPSO impulsa permitir extradición de nacionales con procesos penales o condenas pendientes
Diputados del PPSO Gonzalo Ramírez (centro) y María Camareno (izquierda) en Comisión de Ingreso y Gasto (Fotografía Asamblea Legislativa)
Diputados de Pueblo Soberano (PPSO) presentaron un proyecto de ley que busca establecer que la existencia de causas penales abiertas o penas en ejecución no sea, por sí sola, un impedimento para conceder y ejecutar una extradición.
La iniciativa, presentada por el diputado Gonzalo Ramírez y otros legisladores, plantea reformar la Ley de Extradición para permitir que Costa Rica entregue a ciudadanos requeridas por otros países, incluso cuando enfrenten investigaciones, procesos judiciales o condenas pendientes en territorio nacional.
Actualmente, el artículo 3, inciso c), de esa ley establece que no se concederá la extradición cuando la persona reclamada esté siendo juzgada o haya sido condenada por un delito cometido en Costa Rica antes de recibirse la solicitud de entrega.
Reforma para extradición
La reforma facultaría a los tribunales para suspender temporalmente los procesos penales o la ejecución de las condenas mientras la persona permanezca bajo la jurisdicción del Estado requirente.
Además, contempla la posibilidad de solicitar la devolución del ciudadano una vez que concluya el proceso en el extranjero o cumpla la sanción impuesta.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que permitiría solicitar criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso penal, cuando exista una solicitud de extradición.
El texto establece que la entrega no significará renunciar a la jurisdicción costarricense ni extinguir las responsabilidades penales por hechos cometidos en el país. También dispone que deberán protegerse los derechos de las víctimas y garantizarse la reparación del daño.
La extradición deberá respetar, en todos los casos, la Constitución Política y los tratados internacionales aplicables.
La iniciativa se presenta luego de que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que habilitó la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico internacional y terrorismo.
Ahora, el texto deberá ingresar a la Comisión de Seguridad para su trámite.