¿Quién define política de seguridad ciudadana? Nula planificación deja paso libre al hampa
No existe articulación entre las instituciones del sector
(CRHoy.com).- El 2022 será recordado como el año donde se cometieron la mayor cantidad de homicidios con un total de 648, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial.
¿Quién define la política de seguridad ciudadana? Según un estudio realizado por la Contraloría General de la República, dos actores tienen la rectoría de dicho proceso, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Sin embargo, la nula planificación en seguridad ciudadana deja el camino libre para la delincuencia.
Casi dos personas fueron asesinadas por día en Costa Rica en el 2022. Según el OIJ cada 14 horas se cometió un homicidio. Una realidad marcada por el ajuste de cuentas y el narcotráfico, pero también por el asalto y robo, aunque en menor cantidad.
Uno de los últimos hechos que estremeció al país fue el asesinato de Keylor Gamboa, joven de 19 años, que murió defendiendo a su novia de unos asaltantes en el sector de Barrio Pinto, en San Pedro de Montes de Oca. Con su muerte acabaron los sueños de convertirse en un ingeniero.
La Contraloría estableció que el llamado "Sector de Seguridad Ciudadana" conformado por 15 instituciones estatales, cuya cabeza es el Ministerio de Justicia, "no ha sido eficaz en la gobernanza del sector, por lo que requiere acciones inmediatas de mejora".
"No se propicia la articulación de los actores que conforman el Sistema al no existir roles y responsabilidades formalmente establecidos para la coordinación, comunicación, la generación de información y el aseguramiento de su calidad entre los actores, además de la transparencia y rendición de cuentas, el seguimiento y monitoreo para la toma de decisiones", indicó el ente contralor.
La evaluación se hizo entre el 8 de mayo de 2014 y el 30 de septiembre de 2022 (considerando para ello los períodos presidenciales 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026 entre el 8 de mayo y el 30 de septiembre de 2022).
"Se tiene que el 100% de las instituciones que han conformado el sector desde el 2014 a la fecha desconoce cuál es su rol y sus responsabilidades para asumir como parte del Sector, más allá de sus competencias y mandato legal; en la práctica, la participación de los actores se limita al aporte de intervenciones estratégicas para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)", indicó la Contraloría.
Ni siquiera, determinó la CGR, existe documentación que respalde las reuniones convocadas, ya que fueron comunicaciones verbales, todo esto vinculado al PNDIP, pero las acciones no se encuentran documentadas.
¿Qué está pasando y por qué no se articula una política de seguridad ciudadana? "En los últimos 9 años, la función de Rectoría no realizó la convocatoria periódica de los integrantes del Sector con el fin de ejercer direccionamiento y coordinación sobre las prioridades sectoriales (…)tampoco se ha generado una estructura que delimite roles y responsabilidades en procura de la definición de los objetivos sectoriales, y las iniciativas públicas para obtenerlos y que permita la coordinación, articulación y conducción de las actividades del Sector para un trabajo conjunto y no individualizado de las instituciones", explicó la Contraloría.
La seguridad ciudadana no tiene acciones de corto, mediano y largo plazo que puedan responder a una visión de un país sostenible en el tiempo y que no dependa de políticas de cuatro años.
Poblaciones en vulnerabilidad
Uno de los aspectos en los que debe trabajar el Programa de Seguridad Ciudadana es en las poblaciones vulnerables y sus condiciones, en este sentido evidenciaron que cada institución tiene un criterio e identificación individual.
"A manera de ejemplo, el Ministerio de Justicia identifica adolescentes y jóvenes vulnerables en distritos con desventajas concentradas, además de la población adscrita al Sistema Penitenciario Costarricense; la CNE identifica a mujeres, ciudadanos en zonas indígenas, comunidades en riesgo como parte de su gestión; por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública no identifica particularmente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad a partir de un criterio o estrategia sino que indica que la atención es parte de la cotidianeidad del trabajo policial".
Sin embargo, en el MSP el Programa de Seguridad Ciudadana representa el 77% del total de su presupuesto, mientras que para el Ministerio de justicia es del 83%.
¿Qué le ordenaron a Gerald Campos Ministro de Justicia?:
- Definir, divulgar e implementar, un mecanismo de control para desarrollar las sesiones del Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia, que regule los aspectos formales para discutir y analizar las prioridades, objetivos y resultados sectoriales
- . Dicho mecanismo deberá incluir al menos el compromiso de participación del jerarca, los roles y las responsabilidades asumidas por los órganos y entes que integran el Sector, la asignación de representantes y sus potestades para la toma de decisiones, la documentación de los acuerdos, el tipo y frecuencia de la información requerida por las partes para la rendición de cuentas, así como la forma en que se realizará el seguimiento y el monitoreo de los resultados Sectoriales.
- Deberá remitir a esta Contraloría, a más tardar el 28 de abril de 2023, una certificación en la cual se acredite la definición y divulgación del mecanismo.
- Elaborar una Política Nacional de Seguridad Ciudadana con enfoque prospectivo para atender la (in)seguridad ciudadana, que oriente la planificación estratégica de mediano y largo plazo de las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Ciudadana, y contribuya a solucionar los problemas públicos de forma sostenida en el tiempo.
Esto quiere decir que durante el 2022:
- Ocurre un asalto cada 1 hora
- Ocurre un hurto cada 1 hora
- Ocurre un robo cada 28 hora(s)
- Ocurre un robo de vehículo cada 730 hora(s)
- Ocurre un tacha de vehículo cada 141 hora(s)
CRHoy.com intentó obtener una posición de Jorge Torres, Ministro de Seguridad, y de Gerald Campos, Ministerio de Justicia, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
