¿Por qué el gobierno denegó audiencias judiciales virtuales a reos y qué implica esta decisión?
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, dio por terminado un convenio de cooperación con el Poder Judicial que permite realizar audiencias virtuales con privados de libertad desde los centros penitenciarios, lo que agiliza las diligencias judiciales sin necesidad de traslados físicos.
¿Por qué tomó esta decisión?
El jerarca no brindó ninguna justificación técnica para respaldar la ruptura del convenio. Según Aguilar, la decisión responde a las "recientes declaraciones de las autoridades sobre su preferencia" por realizar audiencias presenciales.
¿Cómo afecta la decisión de Aguilar?
Datos del propio Sistema Penitenciario Nacional revelan que, durante el primer semestre del año, se realizaron 2.416 audiencias judiciales virtuales con reos, que se dejarán de hacer. Solo en máxima seguridad se efectuaron 159 diligencias mediante esta modalidad.
A partir de ahora, esas audiencias deberán realizarse de forma presencial, lo que incrementará la carga de trabajo de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ya enfrenta una alta presión y saturación.
Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha aplicado recortes presupuestarios multimillonarios al OIJ, afectando gastos operativos como el pago de horas extra para los custodios y el combustible para las unidades de transporte de privados de libertad.
¿Realmente el Poder Judicial no quiere audiencias virtuales?
La decisión de Aguilar se produce días después de que rechazaran su sugerencia de realizar de forma virtual la audiencia de medidas cautelares contra Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
El ministro tomó como referencia un caso específico para poner fin al convenio de audiencias virtuales, una medida que impactará la realización de cientos de diligencias judiciales.
¿Por qué la audiencia de Diablo no se realizó de forma virtual?
El Poder Judicial explicó tres razones para mantener presencial la audiencia de Arias Monge la semana pasada. La primera fue que, como parte de la cooperación internacional contra el narco, el fiscal general, Carlo Díaz, facilitó un encuentro entre el narcotraficante y dos agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Aprovechando la privacidad que ofrece el recinto judicial, los investigadores de la DEA prefirieron reunirse a solas con Arias Monge en los Tribunales de Justicia y no solicitaron apoyo al Ministerio de Justicia ni a ninguna otra institución del Gobierno.
De hecho, la presidenta Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el propio Aguilar quisieron sembrar dudas sobre el traslado de Arias Monge. Posteriormente, el fiscal general aclaró que la movilización del lunes anterior obedeció precisamente a la reunión con los agentes de la DEA.
La segunda razón fue que, debido a la complejidad del caso, la peligrosidad del imputado y su relevancia dentro de las investigaciones policiales, la jueza resolvió celebrar la audiencia de manera presencial.
La decisión sobre la modalidad de una audiencia corresponde exclusivamente al despacho judicial y no al Poder Ejecutivo. Con ello también se buscó evitar cualquier vicio procesal, error o circunstancia que pudiera dar lugar a una eventual apelación y comprometer la validez del proceso, o implicar una futura liberación.
La tercera razón es que la Fiscalía aprovechó el traslado para realizar indagatorias a Arias Monge sobre causas penales que formalmente no había podido comunicarle, como exige la ley, debido a que permaneció prófugo durante más de siete años. Esa diligencia, además, debe efectuarse de manera presencial.
¿Qué aportaba el Ministerio de Justicia al convenio?
El Gobierno no realizaba una inversión significativa para la ejecución de las audiencias virtuales. Las computadoras, los equipos de videoconferencia y los demás dispositivos tecnológicos eran aportados por el Poder Judicial, por lo que ahora serán devueltos.
La contribución del Ministerio de Justicia consistía en asignar a los oficiales penitenciarios que ya custodiaban los centros penales para vigilar a las personas privadas de libertad durante las audiencias.
¿Qué etapas del proceso penal se verán afectadas?
Prácticamente todas. Según datos del Ministerio de Justicia, 944 de las audiencias realizadas durante los últimos seis meses correspondieron a juzgados penales, encargados de resolver medidas cautelares, autorizar diligencias de investigación y conocer solicitudes de apertura a juicio.
Otras 421 se efectuaron ante tribunales de juicio, responsables de dictar sentencias. Además, las propias personas privadas de libertad también se verán afectadas, ya que 354 de esas audiencias correspondieron a reuniones entre los reos y sus abogados defensores.
El OIJ de momento no se pronunciará sobre la afectación, mientras que la Fiscalía y la judicatura tramitan consultas sobre el impacto de la decisión de Aguilar.