Justicia rompe convenio que permite al Poder Judicial hacer audiencias virtuales
El Ministerio de Justicia rompió el convenio de cooperación suscrito con el Poder Judicial para la realización de audiencias virtuales en los centros penitenciarios.
Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera, considera que la medida "es un retroceso", el programa lo implementaron desde pandemia.
"Es un atraso porque el OIJ es el que hace el traslado a los diferentes tribunales de las personas que están detenidas y tienen que ir a audiencias. Es una contradicción cuando hay una ley que trata de potenciar la virtualidad en algunos casos y eso tiene una economía en cuanto a los traslados y toda la parte operativa que se nos encarece con este tipo de decisiones", manifestó durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea, donde el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, le preguntó qué opinaba al respecto.
La decisión se da luego de que el Poder Judicial prefiriera trasladar a Alejandro Arias "Diablo" a los tribunales para su primera audiencia y una reunión con la DEA, en lugar de hacer la audiencia virtual en la cárcel La Reforma. Las autoridades de Gobierno se mostraron molestas por la decisión de la judicatura.
Según el Ministerio de Justicia, la medida permitirá reasignar el recurso policial que actualmente se destina a estas diligencias y fortalecer las labores de vigilancia, control y seguridad dentro de los centros penitenciarios.
Como parte del cierre del convenio, la cartera devolverá al Poder Judicial las computadoras, equipos de videoconferencia y demás dispositivos que fueron utilizados para la ejecución de este mecanismo.
Datos del Sistema Penitenciario Nacional indican que entre enero y junio de 2026 se realizaron 2.416 audiencias virtuales. De ese total, 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales.
En el Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad), durante el mismo período se efectuaron 159 audiencias virtuales, las cuales requirieron la participación de 318 policías penitenciarios.